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Fabricante de armas logra acuerdo con familiares de víctimas de balacera escolar en EE.UU.

El acuerdo implica el pago de $73 millones en indemnizaciones a los familiares de las víctimas.

El fabricante de armas Remington acordó esta semana indemnizar a las familias de las víctimas de la masacre de Sandy Hook reportada en el 2012, en Connecticut, EE.UU., según documentos judiciales divulgados a los medios internacionales.

El acuerdo, que fue catalogado como histórico, implica el pago de $73 millones en indemnizaciones a los familiares de las víctimas. También señala al fabricante como responsable de la tragedia.

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Sobre el caso

De acuerdo a los archivos del caso judicial, en diciembre de 2012, un joven de 20 años, Adam Lanza, ingresó a una escuela elemental matando a 20 niños y a seis maestros con un rifle semiautomático de marca Remington.

Desde entonces, los familiares de las víctimas han reclamado justicia. El agresor también mató a su mamá y luego se suicidio.

Proceso judicial

No fue hasta el 2014 que los familiares denunciaron al fabricante de las armas tras altibajos judiciales por la inmunidad federal que se ofrece a los fabricantes de armas estadounidense.

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Entonces, en el 2019 el Tribunal Supremo de Estados Unidos readmitió un proceso centrado en la publicidad del arma utilizada por Lanza, que también mató a su madre y se suicidó.

Las familias denunciaron en 2014 a Remington y, tras altibajos judiciales por la inmunidad federal que se ofrece a los fabricantes de armas en EE.UU., en 2019 la Corte Suprema del estado readmitió un proceso centrado en la publicidad del arma utilizada por el agresor.

Pero, no fue hasta ayer, que el grupo denunciante notificó al juez que “se había logrado un acuerdo de conciliación entre las partes”. Por lo que, solicitaron suspender todos los plazos del litigio que estaba pendientes.

¿Qué argumentaba el grupo?

Los abogados de las familias argumentaron durante el proceso judicial que la publicidad del rifle semiautomático utilizado, el Bushmaster AR-15, violó la legislación estatal.

Según argumentaron, la publicidad se dirigía a consumidores civiles, pero por sus características sería solo adecuado para uso militar y policial.

Este terrible caso reabrió el debate sobre el control de armas así como la responsabilidad que se puede exigir a los fabricantes por este tipo de tragedias. Y es que,  una ley federal de 2005 les otorga una amplia inmunidad ante posibles demandas de familiares de víctimas.

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