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Padilla Rodríguez: Condenar los casos insulares debe ser un asunto de política pública de EE.UU.

Esta fue la opinión de Maritere Padilla-Rodríguez, Directora de Políticas y Abogacía de la organización Hispanic Federation in Puerto Rico.

Si el Departamento de Justicia federal atiende el reclamo de una docena de organizaciones de derechos civiles de Estados Unidos y Puerto Rico para que se condene la jurisprudencia de los casos insulares por entender que se fundamentó con una perspectiva racista el trato colonial a los residentes de la Isla y demás territorios, estaría alineándose con la política pública del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

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Esta fue la opinión de Maritere Padilla Rodríguez, Directora de Políticas y Abogacía de la organización Hispanic Federation in Puerto Rico, quien conversó con Microjuris sobre la exhortación a «condenar públicamente los casos insulares» que realizó un grupo de organizaciones al fiscal general Merrick Garland y a la procuradora general Elizabeth Prelogar.

Realizan reclamo para que Justicia federal condene la jurisprudencia de casos insulares

“Nosotros entendemos que, el Departamento de Justicia federal tiene que impartir justicia para todas las personas, y al seguir validando estos casos, lo que hace básicamente es que siguen quitando derechos. No debería ser una jurisprudencia avalada por el sistema judicial. Buscamos que si se puede revocar que se revoque y, segundo, evitar que en casos que están ahora mismo ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, como el caso de Vaello-Madero, o cualquier otro que llegue, se valide nuevamente de alguna forma la doctrina discriminatoria de los casos insulares, eso es lo que se busca. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, actualmente tiene una política pública de promover la equidad. Así que, si Justicia federal condena los casos insulares, se estaría alineando con la política pública del presidente de los Estados Unidos”, explicó la abogada.

La carta destaca cómo el Procurador General Adjunto se negó a decir que los casos insulares se decidieron incorrectamente cuando el juez Neil Gorsuch lo presionó repetidamente durante los argumentos orales en Estados Unidos contra Vaello Madero. La doctrina creó una forma diferente para el trato de los territorios, y las razones argumentadas por los jueces de aquella época son consideradas racistas.

“Biden en su compromiso de campaña tiene el compromiso de abogar por la paridad de beneficios para Puerto Rico. El año pasado el presidente Biden intentó atender el acceso al SSI, y a otros beneficios federales a través del Build Back Better, que eso sería una legislación del Congreso, y precisamente debido a la discreción del Congreso esa legislación no se ha aprobado. Eso no se ha logrado”, abundó.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos podría expresarse próximamente con una claridad nunca antes vista sobre el discrimen que enfrentan las y los puertorriqueños en temas como varios programas federales, esto tras la vista celebrada durante el pasado mes, el día 10 de noviembre, sobre el caso Vaello-Madero.

Anticipan respuesta “más honesta y detallada” del Supremo federal en casos insulares

El caso Estados Unidos vs. José Luis Vaello-Madero trata de un hombre al que el gobierno federal le quiere cobrar $28,081 del Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) porque en el 2013 se mudó de Nueva York a Puerto Rico, cuando en la isla no se supone que se reciba este beneficio federal. Aunque este caso es solo sobre SSI, la forma de cómo el Supremo resuelva el caso podría afectar otros programas federales en los que la isla es tratada diferente a otras jurisdicciones.

Padilla Rodríguez explicó que si su reclamo fuese validado por el Departamento de Justicia federal y el caso de caso de Vaello Madero fuese resuelto a su favor, a Puerto Rico le pudiera estar aplicando el SSI, beneficiándose así alrededor de unas 300,000 personas, quienes recibirán un promedio de $533 mensuales, versus los $77 que reciben las personas en la isla que participan del programa para personas pobres y/o discapacitadas.

“Más de $500 dólares mensuales para cualquier persona de escasos recursos es significativo, en termino de calidad de vida. Esas serían las implicaciones, por ejemplo, en términos de beneficios federales, y cabe mencionar que además del caso de Vaello Madero también está el caso de Peña Martínez, que además del beneficio del SSI, también se está reclamando el acceso a lo que es el Programa de Asistencia Nutricional, que también es diferente al de Puerto Rico en comparación a los que se reconocen en los estados, y al Medicare”, dijo la licenciada.

Actualmente en el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito está detenido el caso Peña Martínez vs. U.S. Department of Health and Human Services, donde se litiga que Puerto Rico no recibe compensación igual a los estados en los programas federales.

En el caso de Peña Martínez, junto a otros nueve demandantes, argumentaron que su exclusión de esos programas de asistencia social porque viven en Puerto Rico violó el componente de igual protección de la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda.

“Nosotros vemos constantemente esta lucha en la prensa para que todos los años nos den el dinero suficiente para cubrir las necesidades básicas de nuestros envejecientes y de la salud de las personas, eso debería terminas y esas necesidades básicas deben ser atendidas con dignidad. Eso es lo que implicaría si finalmente condena la jurisprudencia de los casos insulares”, sostuvo.

Mecanismos para atender el tema de los casos insulares

La licenciada sostuvo que es importarte que Puerto Rico se eduque sobre el tema y lograr acceso a más mecanismos de abogacía y, de igual forma, tomar en consideración que “no importa el estatus” de la isla para lograr que se resuelva a favor de los puertorriqueños y puertorriqueñas.

Y es que, la licenciada explicó que independientemente del estatus de Puerto Rico, el Congreso de Estados Unidos tiene que respetar los derechos fundamentales, humanos y la dignidad de todas y todos para lograr acceso a beneficios básicos para salvaguardar la vida de los puertorriqueños y puertorriqueñas.  

“Tenemos el deber, como la comunidad impactada, de levantar nuestra voz para que esto se discuta más en nuestras comunidades, en los foros de trabajo para que las personas estén conscientes sobre los casos insulares, y lo que está sucediendo con estos beneficios, y de esa manera también el gobierno que nos representa eleve nuestra voz para lograr la paridad para Puerto Rico”, indicó.

¿Qué son los casos insulares?

Los casos insulares son la doctrina judicial creada por una serie de casos de principios del siglo pasado, y que permite a Puerto Rico, como territorio, ser tratado diferente a los estados, incluyendo legitimar que la isla sea tratada como una colonia.

Los casos insulares fueron cerca de 20 casos resueltos desde principios del siglo pasado, cuando comenzaba el dominio de Estados Unidos sobre Puerto Rico, y crearon parte de la estructura legal que opera hoy entre el gobierno federal y la isla.

Hay expresiones considerablemente racistas, como que el juez asociado del Supremo de la época, Henry Billings Brown, expresara preocupación de que las niñas y niños nacidos en Puerto Rico «sean salvajes o civilizados» y se convirtieran en «recipientes de todos los derechos, privilegios e inmunidades de los ciudadanos» al nacer», según se planteó previamente en escritos de este caso.

“Entonces, de esta forma, el Congreso a través de esta doctrina de cooperación territorial, bajo la cláusula territorial puede legislar de forma distinta, puede beneficiar a los territorios, pero de la misma manera puede discriminar en contra de ellos, como desgraciadamente ha pasado por mucho tiempo. Además de los casos insulares, es bien importante destacar unos elementos -bien negativos-, y son las expresiones que hacen sobre nosotros, los que vivimos en territorios”, dijo Padilla Rodríguez.

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