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Constitucionalistas evalúan Vaello-Madero

Los profesores de derecho Christina D. Ponsa-Krauss, Jorge Farinacci Fernós y Pedro Ortiz Álvarez compartieron su análisis con Microjuris sobre la más reciente opinión del Tribunal Supremo federal en el caso Estados Unidos v. Vaello-Madero.

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Por Daniel Rivera Vargas

Tres profesores de derecho constitucional evaluaron las implicaciones de la más reciente opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre Puerto Rico, Estados Unidos v. Vaello-Madero, que resolvió que no es inconstitucional que el Congreso trate a Puerto Rico diferente a los estados.

Para Christina D. Ponsa-Krauss, profesora de la Escuela de Derecho de Columbia, se trata de una decisión que expone la desigualdad en la isla y que Puerto Rico es una colonia.

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«La Corte ha confirmado una vez más que Puerto Rico es un territorio sujeto al poder plenario del Congreso en virtud de la Cláusula de Territorio. El estatus de Estado Libre Asociado de la isla nunca ha garantizado y nunca garantizará la igualdad para el pueblo de Puerto Rico. Lo que Puerto Rico necesita la Corte no lo puede dar: autodeterminación que conduzca a la estadidad (y la igualdad y los derechos que garantiza) o la independencia (y la igualdad formal de soberanía y reconocimiento internacional que traería)», dijo la profesora.

Tribunal Supremo de EE.UU. determina que no es inconstitucional excluir a residentes de Puerto Rico del SSI

En el contexto de esta decisión, figura el tema de los casos insulares, la línea de decisiones de principios del siglo pasado que sirven de trasfondo a la visión jurídica federal de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos.

» Al mismo tiempo, vale la pena señalar que el juez (Neil) Gorsuch, en su concurrencia, pidió en voz alta que se anularan los Casos Insulares. La jueza (Sonia)Sotomayor disintió, pero señaló su acuerdo con el llamado de Gorsuch para poner fin a los Casos Insulares. Esos casos racistas sostienen que Puerto Rico podía ser mantenido y gobernado como un territorio – léase: una colonia – indefinidamente, y por lo tanto deben ser revocados. Eso es lo que la Corte podría hacer, y esperamos que lo haga pronto”, resaltó la catedrática

Ponsa-Krauss se refiere a que hay la posibilidad de que el Supremo federal atienda el tema de los casos insulares en otro caso sobre otro territorio estadounidense.

«Una petición de certiorari en Fitisemanu v. Estados Unidos pronto llegará a la Corte. Ese caso se refiere a si la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda se aplica en el territorio de Samoa Americana, y plantea directamente la validez de los Casos Insulares. Lo que Gorsuch y Sotomayor tienen que hacer ahora es persuadir al menos a dos más de sus colegas para que voten a favor de otorgar certiorari en Fitisemanu», dijo la constitucionalista.

Por su parte, para el profesor Jorge Farinacci Fernós, el caso es el cuarto en poco tiempo, cada uno escrito por un juez diferente del Tribunal Supremo federal, que resalta el poder que tiene el Congreso sobre Puerto Rico. Los otros casos son Sánchez Valle, Franklyn-California, y Aurelius.

“Verdaderamente para mí es algo un poco indignante que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, por cuarta vez consecutiva diga que a ustedes los podemos tratar como inferiores y no hay problema con eso”, aseveró el catedrático de la Universidad Interamericana, aludiendo.

Además, Vaello-Madero es un caso en el que el Supremo ni siquiera dedica mucho análisis al tema porque se trata de una opinión muy breve, y en la que los temas de territorio incorporado o no incorporado es ignorado, dando por sentado que Puerto Rico está bajo la cláusula territorial y que el Congreso tiene gran discreción para gobernarnos.

“No llega a seis páginas, como si fuera un asunto que se despacha con facilidad”, dijo Farinacci Fernós .

El profesor explicó que la decisión reafirma la doctrina establecida en el caso Califano de que el Congreso puede tratar diferente a los estados si tiene una base racional, que en el caso del Seguro Social Complementario es que la Isla no paga la mayoría de los impuestos federales, y eso es base suficiente para que no se extiendan todos los programas de ayudas. Agregó que Sotomayor advierte que se trata de algo que no tiene mucho sentido porque los beneficiarios del SSI no pagarían contribuciones por tratarse de las personas mas pobres.

Sobre el tema de los casos insulares, que resalta Gorsuch, Farinacci Fernós recordó que “esa jurisprudencia está repleta de planteamientos extremadamente racistas, tóxicos, en cuanto a los hispanos, y justificó abiertamente el colonialismo y la expansión imperialista”.

Es el tema del imperio lo que, dijo el profesor, motiva a Gorsuch, porque “el es del bando (doctrinal) del originalismo, que Estados Unidos se fundó como república, no imperio, y no se supone que tenga colonias”, aseveró.

Mientras, para Pedro Ortiz Alvarez, profesor de derecho constitucional de la Pontificia Universidad Católica en Ponce, la decisión “a mi no me sorprende”.

“Básicamente lo que corresponde que pasara. Es un caso donde los precedentes son muy claros. Yo vi el razonamiento del juez (Gustavo) Gelpi y (Juan R.) Torruella, articulados con mucha inteligencia, pero apartados de la realidad de que pretendían revocar dos precedentes del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Es el caso clásico de aplicación de la fórmula deferencial de Igual Protección de las Leyes. La jueza Sotomayor hace un gran trabajo planteando que aún con esa fórmula debe llevar a un resultado distinta, pero choca con una mayoría aferrada a mantener la línea actual”, dijo Ortiz Alvarez, quien recordó que en la actualidad llegan la mayoría de los fondos federales, pero por virtud de efectivas gestiones políticas del pasado.

El profesor dijo que al redactar la opinión de la mayoría el juez Brett Kavanaugh, en algo que no es muy común, trae a colación que el presidente Joe inclina a un cambio de política pública que llevaría a que la Isla se beneficie del SSI, cuando no es tradicional que el alto foro entre en ese tipo de consideraciones.

“Es una expresión subyacente de que lo que está ocurriendo puede ser injusto pero que la solución no está en una determinación constitucional”, sostuvo.

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