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Tribunal Supremo de EE.UU. determina que no es inconstitucional excluir a residentes de Puerto Rico del SSI

La única disidente fue la jueza Sonia Sotomayor.

Por Daniel Rivera Vargas

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó hoy, jueves, en una opinión 8-1, que no es inconstitucional que el Congreso federal le niegue a Puerto Rico acceso al Seguro Social Complementario  (SSIpor sus siglas en inglés).

“La Constitución le da al Congreso discreción sustancial sobre cómo estructurar los programas contributivos y de beneficios para los residentes de los territorios. El Congreso puede extender beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario a los residentes de Puerto Rico. De hecho, el procurador general ha informado al tribunal que el presidente apoya tal legislación como un tema de política pública. Pero, la limitada controversia ante nosotros es si, bajo la Constitución, el Congreso debe extender la Seguridad de Ingreso Suplementario a los residentes de Puerto Rico de la misma manera que a los residentes de los estados. La respuesta es no”, lee la opinión mayoritaria, redactada por el juez Brett Kavanaugh.

La única disidente fue la jueza Sonia Sotomayor. Con esta decisión, el alto foro revocó al Tribunal de Apelaciones en Boston en el caso  United States v. Vaello-Madero.

“La decisión del Congreso de los Estados Unidos de negarle a los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico una red de seguridad social, que se le proporciona a casi todos los demás ciudadanos de EE. UU. es cruel debido a la terrible situación de los residentes de Puerto Rico.  Puerto Rico tiene una cantidad desproporcionadamente grande de adultos mayores y personas con discapacidad», reza la opinión disidente de Sotomayor.

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“La igualdad de trato de los ciudadanos no debe regirse por los caprichos del proceso político. Los residentes de Puerto Rico no tienen representación electoral en el Congreso, ellos no pueden confiar en sus políticos electos para remediar las disparidades que sufren los ciudadanos residentes en Puerto Rico bajo el trato desigual del Congreso”, agregó la jueza disidente.

La última vista relacionada a este caso fue en noviembre, en la cual un total de nueve jueces argumentaron planteamientos variados.

Por ejemplo, el juez Clarence Thomas preguntó si la cláusula territorial concedía al Congreso suficiente autoridad para actuar como lo hace con Puerto Rico, y si puede actuar de igual forma con Vermont como con la isla, a lo que el subprocurador general del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Curtis E. Gannon insistió en el trato diferente en impuestos de la Isla.

Asimismo, el tema de los casos insulares no estuvo ausente en la opinión, cuando el juez Neil Gorsuch reiteró su planteamiento en la vista oral en contra de la polémica línea de casos que se conocen como los casos insulares.

“Ninguna parte nos pide que invalidemos los casos insulares para resolver la disputa de hoy, me uno a la opinión del tribunal. Pero, llegó el momento de reconocer que los casos insulares descansan sobre una base empobrecida. Y, espero, que llegue pronto el día en que el tribunal los anule rotundamente. Debemos seguir la justicia. Nuestros compatriotas estadounidenses en Puerto Rico no merecen menos”, reza la opinión del juez Gorsuch.

Los casos insulares son la doctrina judicial creada por una serie de casos de principios del siglo pasado, y que permite a Puerto Rico, como territorio, ser tratado diferente a los estados, incluyendo legitimar que la isla sea tratada como una colonia.

Vaello-Madero es un ciudadano que recibía el SSI en Nueva York desde 1985 y se mudó a Puerto Rico en el 2013.

Aunque esta ayuda no aplica por ley a ciudadanos en Puerto Rico, Vaello-Madero siguió recibiendo el beneficio hasta que la Administración del Seguro Social se enteró y lo demandó para que devolviera el dinero recibido hasta 2017, unos $28,081.

El juez federal Gustavo Gelpí emitió una opinión a favor de Vaello-Madero en la que declaraba inconstitucional que se excluyera al demandado del SSI por vivir en Puerto Rico.

El fallo fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en Boston, por violación a la Cláusula de Igual Protección en la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump y ahora bajo Joe Biden, acudieron ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Pendientes a Microjuris.com para la actualización de esta historia.

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