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Independientemente de la decisión sobre el caso Roe v. Wade, ¿el derecho al aborto seguirá protegido en Puerto Rico?

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet y la profesora de Derecho Yanira Reyes Gil coincidieron en que el estado de derecho es claro a favor de la permanencia del derecho al aborto en la isla.

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Por Daniel Rivera Vargas

La eliminación del derecho federal al aborto, contemplada en el borrador de opinión del juez Samuel Alito Jr. del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que circuló a principios de semana a favor de revocar Roe v. Wade y Planned Parenthood v. Casey, no implicaría la eliminación del derecho al aborto en Puerto Rico, según profesores entrevistados.

Se filtra borrador de opinión del juez federal Alito que indica que votaría a favor de revocar Roe v. Wade

 “Se puede revocar Roe v. Wade, y el derecho al aborto en Puerto Rico sigue igual”, sostuvo el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Julio Fontanet Maldonado, sobre el documento cuya autenticidad fue confirmada ayer por el juez presidente federal, John Roberts.

El profesor, además, dijo que el estado de derecho es claro a favor de la permanencia del aborto en la isla, tanto por jurisprudencia, como lo que está establecido por la Ley.

Fontanet Maldonado, quien imparte cursos de derecho penal y procesal penal, dijo que, aunque en el Código Penal de Puerto Rico vigente está penalizado el aborto, esa disposición de ley dice con claridad que el aborto es permitido y legal cuando exista la autorización de un médico.

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El profesor recordó que, para terminaciones de embarazo quirúrgicas o por fármacos, es un requisito la intervención de un profesional de la salud.

Asimismo, dijo que la Constitución de Puerto Rico recoge de forma expresa el derecho a la intimidad, algo de lo que carece la Constitución federal, que requirió en su momento que los jueces asociados del Supremo dijeran que había intimidad de “las penumbras” de ese documento.

También recordó que la Constitución de Puerto Rico tiene una “factura más ancha”, en comparación con  la estadounidense, por lo que favorece más la defensa de derechos.

Agregó que, incluso en el tema de medicamentos para producir abortos, hay que “armonizarlo con el derecho penal”, que existe en la Constitución ese derecho a la intimidad.

De otra parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha expresado de manera independiente, en el caso Pueblo v. Duarte, a favor del derecho al aborto, y que si los nuevos integrantes del alto foro local quisieran revocar ese derecho enfrentan varios escollos.

“Ellos tendrían primero que revocar Duarte, por un lado, y por el otro justificar esa revocación, que sería muy difícil porque el derecho a la intimidad es de factura más ancha aquí que a nivel federal, es distinto a la esfera federal. Se le haría muy difícil de distanciarse de esa realidad, porque dice el Supremo (federal) en ese borrador que eso es un asunto que deben atender los estados. Eso lo atendió Puerto Rico en su Constitución”, planteó.

Fontanet Maldonado añadió que hay otro escenario, y es que el Congreso está considerando crear bajo legislación el derecho a terminar el embarazo, y aseguró que hay encuestas que muestran que la mayoría de la ciudadanía apoya que haya un derecho al aborto.

Mientras, la abogada y socióloga Yanira Reyes Gil, profesora de derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, resaltó que el documento dice que una vez revocado Roe v. Wade, depende de cada estado o jurisdicción decidir cómo atenderían el tema del aborto.

Reyes Gil, además, explicó que aquí en Puerto Rico hay jurisprudencia independiente a Roe, y un estado de derecho más claro, porque el derecho a la intimidad es uno fundamental expresado claramente en la Constitución.

“Es un derecho expreso, de factura más ancha, que tiene un origen distinto al federal, que está basado en el concepto de la dignidad del ser humano. Por lo que, Puerto Rico debe continuar con su decisión de proteger la dignidad e integridad humana. Si se revoca Roe v. Wade, eso no implica que el derecho al aborto queda eliminado en Puerto Rico”, sostuvo.

Asimismo, la profesora reconoce que un golpe a Roe v. Wade puede llevar a movilizar a sectores conservadores a “continuar” sus ataques al derecho al aborto.

“En Puerto Rico hay más de ocho proyectos de ley para restringir el derecho al aborto y esto puede ser usado por estos sectores como excusa para continuar intentando eliminar derechos”, agregó Reyes Gil. “Ya hemos visto que en Puerto Rico, que hay una movida de sectores conservadores y fundamentalistas para eliminar derechos, particularmente de mujeres y de la comunidad LGBTTIQ+, son movidas dirigidas a controlar nuestros cuerpos, nuestras vidas, y nuestra sexualidad, hay que estar pendientes”.

Contexto del caso

En la década de 1960, durante el movimiento por los derechos de las mujeres, los casos judiciales relacionados con los anticonceptivos sentaron las bases para el caso Roe vs. Wade.

En el 1965, el Tribunal Supremo decidió en Griswold vs. Connecticut que la Constitución de Estados Unidos protege la libertad de las parejas casadas para comprar y utilizar anticonceptivos sin restricciones gubernamentales.

En 1972, el Tribunal Supremo atendió Eisenstadt v.s Baird y estableció el derecho de las personas solteras a poseer anticonceptivos.

Luego, llegó Roe en 1973.

Sin embargo, en 1970, Hawái se convirtió en el primer estado en legalizar el aborto, aunque la ley solo aplicaba a residentes. Le siguió Nueva York, cuando legalizó el aborto sin el requisito de residencia. El acceso al aborto también estaba disponible en Alaska y Washington DC antes de la vigencia de Roe.

¿Cuál es el estado de derecho actual sobre el aborto en Puerto Rico?

Pueblo v. Duarte es un caso del 1980 que implica la radicación de cargos criminales contra un médico, quien le practicó un aborto a una adolescente de 16 años.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó la sentencia, y avaló el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Interpretó, además, de manera amplia el concepto de salud que aparece en el Código Penal de Puerto Rico, para que incluyese la salud física y la mental.

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