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Crearían Panel Voluntario de Abogados y Abogadas Compensados para atender casos penales

Este panel representarán a personas indigentes en casos penales cuando la SAL no pueda hacerlo y tiene el propósito de atender los problemas con la asignación de abogadas y abogados de oficio.

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El Senado de Puerto Rico aprobó esta semana el Proyecto de la Cámara 25 a fin de crear la Ley del Panel Voluntario de Abogados Compensados en Procedimientos de Naturaleza Penal.

Lee aquí el proyecto 

La medida, que fue aprobada con 21 votos a favor y cinco en contra, crea a su vez la Oficina del Panel Voluntario de Abogados Compensados en Procedimientos de Naturaleza Penal, adscrita a la junta de directores de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico, que proporcionará servicios legales a indigentes mediante la designación de abogados y abogadas de la práctica privada.

Estos abogados y abogadas, que serían compensados por su labor, proveerán servicios legales a personas indigentes que no puedan ser representados por la SAL por razón de conflicto de interés.

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Los autores de la medida exponen que aunque en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico se garantiza que cuando la persona sometida a un procedimiento de naturaleza penal sea indigente y, a su vez, no pueda ser representada por la Sociedad para Asistencia Legal, es deber del Tribunal asignar un abogado o una abogada de oficio, es el Estado quien debe tener la obligación de proveer los recursos y establecer los mecanismos pertinentes para que los acusados en procedimientos criminales tengan acceso a representación legal adecuada, en aquellos casos en que estos no puedan costearla, por lo que entienden que no debe descansar exclusivamente sobre los hombros de la abogacía.

Por otro lado, el informe positivo presentado por la Comisión de lo Jurídico del Senado expresó que el proyecto pretende crear un panel para atender dificultades que ha causado la asignación de casos de oficio.

Según el informe, el sistema aleatorio para asignar abogados y abogadas de oficio del Tribunal Supremo de Puerto Rico representa algunos problemas, ya que no toma necesariamente en consideración la preparación o experiencia de la persona abogada, además que genera inconformidad entre abogados y abogadas.

La medida recibió el aval de la SAL y de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia. La Oficina de Administración de los Tribunales no favoreció el proyecto.

La Cámara de Representantes deberá acoger las enmiendas sometidas por el Senado a esta medida que tiene como autores a los representantes Rafael «Tatito» Hernández Montañez, a Carlos «Johnny»  Méndez Núñez, y a Orlando Aponte Rosario, para que la misma pueda pasar a la firma del gobernador.

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