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Buscan enmendar las Reglas de Evidencia para proteger la comunicación confidencial transmitida mediante intérpretes

Aplicaría a las comunicaciones accedidas por profesionales de la interpretación de otros idiomas, lenguaje de señas, lengua de signos o labio lectura, o para retransmitir información expresada por personas que padecen de condiciones que inciden en su capacidad de comunicarse.

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La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, presentó un proyecto de ley que enmiendas las Reglas de Evidencia para proteger la comunicación confidencial transmitida mediante personas que participen de un diálogo privilegiado, entre un intérprete y una persona que padezca de condiciones que incidan sobre su capacidad para comunicarse efectivamente.

La comunicación protegida será aquella entre la persona con la condición que afecte su capacidad para comunicarse con aquella otra persona que le asiste en calidad de intérpretes de idiomas, lenguaje de señas o lengua de signos o labio lectura, o para retransmitir información expresada.

Lee aquí el Proyecto del Senado 868

Esta medida enmendaría específicamente las reglas relacionadas a los privilegios dispuestos en las Reglas de Evidencia 503, 504, 506, 507, 508, 511 y 614.

Según la exposición de motivos, la Ley 174–2018 colocó a Puerto Rico en la vanguardia del acceso a la justicia de las personas sordas o que padecen de condiciones que inciden sobre su capacidad para comunicarse efectivamente, al nivel que que hoy se evalúa su reproducción en varias jurisdicciones de América Latina.

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Sin embargo, explica la medida, el derecho probatorio no contemplaba expresamente la inadmisibilidad de comunicaciones confidenciales accedidas por las personas que participan de un diálogo en calidad de intérpretes.

Sostiene el proyecto que ese vacío tenía el potencial inherente de incidir sobre derechos constitucionales y estatutarios como, por ejemplo, el derecho a no ser obligado a incriminarse, el derecho a colaborar con la defensa propia y, consiguientemente, el derecho a la libertad, el derecho al disfrute de la propiedad, el derecho de las personas a ser indemnizadas por daños producto de conducta antijurídica, el derecho a recibir servicios médicos y psicoterapéuticos y el derecho al libre ejercicio de la religión.

El proyecto fue referido a la Comisión de lo Jurídico del Senado. El senador independiente José “Chaco” Vargas Vidot figura como coautor de la medida.