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Proponen crear derecho a desconexión digital

Se le reconocería el derecho de toda persona empleada a la desconexión de comunicaciones electrónicas relacionadas con su empleo fuera de horas laborales.

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La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, radicó el Proyecto del Senado 867 con el fin de reconocer a toda persona empleada su derecho a la desconexión de comunicaciones electrónicas relacionadas con su empleo fuera de horas laborales.

Lee la medida aquí

Según la exposición de motivos, los dispositivos móviles, el aumento del trabajo remoto han desdibujado la frontera entre el horario de trabajo y el tiempo personal y familiar. Por tal motivo, otros países han adoptado política pública para proteger la intimidad de la persona empleada fuera de sus horas laborables.

La medida reconoce estatutariamente en Puerto Rico el derecho a la desconexión digital como corolario del derecho a la intimidad protegido por el derecho internacional y por nuestra Constitución, y del derecho a no ser obligado a trabajar en exceso de la jornada laboral ordinaria.

El proyecto establece como política pública reconocer este derecho.

La medida requiere que todo patrono adopte una política escrita sobre el uso de dispositivos electrónicos para enviar y recibir correos electrónicos, mensajes de texto o cualquier otra comunicación digital relacionada con el empleo durante horas no laborables por parte de sus personas empleadas.

Esta Ley no aplicará a personas empleadas de confianza en el Gobierno de Puerto Rico ni a aquellas personas empleadas cuyos términos de empleo les requieran estar disponibles 24 horas al día en los días en que trabajen, en cuyo caso solo aplicará en los días libres de dichas personas empleadas, incluido su tiempo libre bajo compensación. Tampoco aplicará a ninguna persona empleada que ofrezca servicios directos de salud o de emergencia en un hospital, o institución análoga, o en cualquier agencia de seguridad pública.

La medida fue referida en segunda instancia a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado.

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