NOTICIAS

Gobernador veta aumento salarial a quienes reciben propinas

La medida buscaba aumentar el salario base de las personas que reciben propinas a 50% del salario mínimo estatal.

Nota de la editora: ¿quieres estar al día con lo que sucede en la legislatura? Te invitamos a registrarte en nuestro boletín.

El gobernador Pedro Pierluisi emitió un veto expreso al  Proyecto de la Cámara 1133, que buscaba aumentar el salario base de las personas que reciben propinas a 50% del salario mínimo estatal vigente y dispone que, de haber cambios futuros en el salario mínimo de Puerto Rico, las personas sujetas a ingresos por concepto de propinas nunca recibirán menos del 50% del salario mínimo como salario base.

Lee aquí la medida vetada

Aunque el salario mínimo estatal en Puerto Rico aumentó a $8.50 la hora a partir del 1 de enero de 2022, este aumento no cobija a las personas que reciben propinas como parte de su ingreso, quienes tendrían que esperar que la Comisión de Salario Mínimo emita un decreto mandatorio.

Curso relacionado – Ley de salario mínimo: ¿Compensación justa y adecuada? 

Según la exposición de motivos, desde hace 26 años, el gobierno federal estableció en $2.13 la cuantía del salario base de las personas empleadas de industrias de servicios que reciben propinas.

Los patronos deben compensar la diferencia cuando las propinas no son suficientes para alcanzar el salario mínimo federal. La medida explica que, en la práctica, se denuncia recurrentemente el incumplimiento de los patronos con esta disposición legal.

Lee aquí el veto expreso del gobernador

En el documento en el que el gobernador explica las razones para su veto, Pierluisi concluyó que aunque son loables los propósitos del proyecto, lo que pretende enmendar ya está contemplado en la ley que establece el nuevo salario mínimo estatal en Puerto Rico.

«Los loables propósitos del P. de la C. 1133 ya están contemplados en la política publica del estatuto que se pretende enmendar. Para mantener la estabilidad de nuestra economía no debemos enmendar leyes y normas que afectan nuestro clima de intercambio de bienes y servicios que apenas acaban de entrar en vigor. Debemos permitir que la Ley 47-2021 continue vigente, tal y como fue aprobada. De esa forma, la Comisión Evaluadora podrá realizar las funciones según le han sido delegadas para beneficio de los trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico», sostuvo Pierluisi.