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[DOCUMENTOS] Paquete de vetos llega desde Fortaleza

El gobernador vetó ocho medidas, tales como el aumento de salario a personas que reciben propinas, la reestructuración de la deuda de la AEE, la compra de equipos para desinfección contra COVID-19 en las escuelas, entre otras.

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En comunicaciones dirigidas a los presidentes legislativos, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia expresó las razones para vetar el Proyecto de la Cámara 985, la Resolución Conjunta de la Cámara 39, la Resolución Conjunta de la Cámara 323, el Proyecto de la Cámara 6, el Proyecto de la Cámara 774, el Proyecto de la Cámara 775, el Proyecto de la Cámara 1383 y el Proyecto de la Cámara 1133.

En el Proyecto de la Cámara 985, cuyo fin era incluir al Dr. Gilberto Concepción de Gracia en la lista próceres de Puerto Rico, el gobernador explicó que el trámite legislativo no observó el debido rigor porque equivaldría a cancelar otro proyecto de ley firmado para incluir a Roberto Clemente Walker en la misma lista de las Mujeres y Hombres Próceres de Puerto Rico.

En torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 39, Pierluisi explicó que la intención de la medida fue atendida por el Departamento de Correción y Rehabilitación (DCR) mediante Protocolos de respuesta y de atención al coronavirus, el Reglamento de Emergencia para Establecer el Traslado de Miembros de la Población Correccional a Procesos Judiciales durante la Emergencia de la Pandemia del COVID-19, así como otros planes de contingencia relacionados a empleados, funcionarios, contratistas y visitantes del DCR.

Con relación a la Resolución Conjunta de la Cámara 323, a través de la cual se pretendía que el Departamento de Educación (DE) comprara sistemas de ventilación y de desinfección contra el COVID-19, el gobernador explicó que la compra de estos materiales es un asunto administrativo de la agencia y no de la Asamblea Legislativa.

En cuanto al Proyecto de la Cámara 6, el gobernador señaló que la medida es inconstitucional y parte de premisas incorrectas. Igualmente, sostiene que adolece de defectos porque la mayoría de los documentos ya están publicados en las páginas de Internet de AAFAF, OGP y del Departamento de Hacienda.

En torno al Proyecto de la Cámara 774, la comunicación a los presidentes legislativos sostiene que la medida es contraria a la política pública vigente, plasmada en la Ley 17-2019 de Política Pública Energética de Puerto Rico y en la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico. Por lo tanto, es incompatible con la transformación del sistema eléctrico que el Gobierno realiza actualmente.

Mientras el Proyecto de la Cámara 775 resultaría contrario a varias leyes que procuran la transición a un sistema energético moderno, robusto y resiliente. Además, la eliminación de la inaplicabilidad de la disposición que provee para la preparación de un Estudio de Deseabilidad y Conveniencia como antesala a un proyecto de alianza público- privada conllevaría la dilación de los procesos llevados a cabo para otorgar los contratos de alianza y transformar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Sobre el Proyecto de la Cámara 1383, que establecería la Ley para la Reestructuración de la Deuda de la AEE y enmendaría otras, el gobernador recordó que la AEE atraviesa por un proceso de reestructuración bajo el Título III de la Ley PROMESA desde el 2017 y se encuentra en mediación bajo una orden del Tribunal con el fin de obtener un acuerdo que atienda todas las reclamaciones existentes en la agencia. Además, atrasaría el proceso de reestructuración de la deuda de la AEE y aumentaría el riesgo de que se nombre un síndico judicial cuya función sería garantizar el pago de la totalidad de la deuda.

Por último, el Proyecto de la Cámara 1133, que definía el concepto de trabajadores sujetos a ingresos por propina, el gobernador alertó que la medida contiene errores que podría poner en desventajas a los empleados por propinas al asegurar un 50 por ciento del salario mínimo, pero no mantiene el estado de derecho actual que garantiza que los patronos paguen a estos empleados el salario mínimo estatal completo.