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Necesaria la discusión de la tecnología blockchain en Puerto Rico

En entrevista con Microjuris, la Comisión indicó que, por Puerto Rico no contar con un cuadro jurídico definido que atienda el desarrollo de esta tecnología, cualquier esfuerzo que busque regularla debe ser ampliamente discutido y estudiado.   

Por Valeria Alicea Guzmán

Tras la radicación de la medida para crear la Ley para Promover la Innovación de Productos y Servicios de Blockchain de Puerto Rico, la Comisión Especial de la Presidencia Sobre Blockchain del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) expresó que la legislación es excesivamente amplia y generaliza las implicaciones de la adopción de esta tecnología en el sector financiero y de seguros.

En entrevista con Microjuris, la Comisión indicó que, por Puerto Rico no contar con un cuadro jurídico definido que atienda el desarrollo de esta tecnología, cualquier esfuerzo que busque regularla debe ser ampliamente discutido y estudiado.   

«Los grupos y sectores que impulsan el uso y adopción de tanto las criptomonedas como la tecnología blockchain no son ideológicamente homogéneas. Como resultado, no todo aquel que apoya el desarrollo de la blockchain tiene el beneficio público en mente. Los proyectos fraudulentos y dolosos son la orden del día en los espacios más especulativos de las criptomonedas», detalló. 

En declaraciones escritas, comentó que el proyecto de ley identifica como vital para el desarrollo de esta política pública la cooperación de los grupos que han llegado a Puerto Rico. Compartió que la medida expone lo siguiente: 

«La atracción de nuevos capitales e inversionistas a Puerto Rico abrió la puerta para que los pioneros en las nuevas tecnologías de blockchain y el desarrollo, uso y comercio de activos virtuales, incluidas las criptomonedas, llegaran a la isla».

«Tal parece que la legislación hace una equivalencia entre aquellas personas atraídas a nuestra jurisdicción por los beneficios contributivos y ‘…los pioneros en las nuevas tecnologías de blockchain y el desarrollo, uso y comercio de activos virtuales, incluidas las criptomonedas’». 

Destacó que el proyecto “no ofrece dato ni argumento explícito que justifique tal conclusión”, sino que solo afirma que inversionistas extranjeros encontraron en Puerto Rico un ecosistema que pudiese impulsar el desarrollo de tales tecnologías con el fin de tener implicaciones sustanciales para el desarrollo económico de la isla.

Según la Comisión, el proyecto define una moneda estable como «…un tipo de moneda virtual que tiene activos estables como base para su valor». «Esta definición establece una clase sumamente amplia que ignora el hecho que existe una amplia gama de monedas estables que usan mecanismos distintos, y a menudo volátiles, para mantener su paridad con el dólar estadounidense», manifestó. 

Otro aspecto que compartió la Comisión es que la medida legislativa crea  un concepto nuevo en la forma de un programa regulatorio de caja de arena.

«La legislación ofrece la siguiente descripción de la misma: ‘El programa establecido por esta Ley que permite que una persona o entidad temporalmente pruebe un innovador producto o servicio innovador, financiero o de seguros al ponerlo a disposición de los consumidores de forma limitada, sin estar sujeto a ciertas licencias u otras obligaciones reglamentarias impuestas por la ley aplicable'»

De igual forma, el proyecto de ley crea un ente, el Consejo de Innovación de Puerto Rico. Según la pieza legislativa, esta entidad «[estará] facultado para establecer estándares, principios, directrices y prioridades de política para los tipos de innovaciones que respaldará el programa regulatorio de la caja de arena. El Consejo será responsable de la admisión en el programa regulatorio de la caja de arena y de la asignación de los participantes seleccionados a la agencia del Estado Libre Asociado correspondiente».

«Como podemos ver, el proyecto crea un espacio jurídico experimental dentro del cual podrán operar productos o servicios financieros o de seguros sin tener que cumplir con los procesos de licenciamiento y exentas del cumplimiento de obligaciones regulatorias aplicables. A la vez, le otorga al Consejo de Innovación de Puerto Rico discreción en cuanto al proceso de evaluar solicitudes para participar en el programa regulatorio de caja de arena: ‘El Consejo de Innovación puede denegar una solicitud a su discreción, siempre que se den razones definidas para tal acción'», indicó la Comisión.

La Comisión también compartió que existen individuos e instituciones que identifican la tecnología blockchain como una base para el desarrollo de mecanismos tecnológicos que pueden propiciar un crecimiento económico y ofrecer beneficios sociales para crear plataformas más transparentes, confiables y eficientes en el sector público como el privado. 

«Esto no es decir que las criptomonedas no puedan ofrecer beneficios para el desarrollo económico de Puerto Rico. Sin duda existe la necesidad de desarrollar una política pública coherente en cuanto a la adopción de criptomonedas en nuestra economía. Sin embargo, a nuestro entender, las instituciones públicas puertorriqueñas se beneficiarían mucho más del uso de estructuras transparentes a base de blockchain que nos permitan confiar nuevamente en las agencias del estado», mencionó. 

Por lo tanto, resaltó la importancia de tener una discusión abierta y pública sobre el tema, «que incluya sectores afines a la regulación y consumo de productos financieros y de seguros, además de conocedores de los temas de blockchain, criptomonedas y sus respectivas intersecciones legales». 

Compromiso con la educación 

Por su parte, el presidente de la Comisión Especial de la Presidencia Sobre Blokchain del CAAPR, Andrew Mercado Vázquez, destacó la necesidad de educación sobre estas tecnologías. 

El licenciado contó que uno de los problemas con relación a blockchain es que los conceptos van cambiando y se desarrollan en inglés. 

«Esta tecnología nació y se está desarrollando en inglés. Eso representa un obstáculo para muchas personas al absorber este conocimiento y ponerlo en práctica. […] Necesitamos que nuestros legisladores entiendan esto, nuestra rama ejecutiva, nuestra rama judicial y nuestra rama legislativa sean versados en estos temas para que puedan desarrollar políticas públicas sanas y coherentes», expresó. 

Mercado Vázquez aseguró que es necesario desarrollar un vocabulario propio para comprender el tema. «Que haga lo mismo, pero que sea nuestro y podamos ir cambiándolo y manejando de acuerdo a cómo cambia estas tecnologías».

Es por esto que, desde la Comisión, impulsan charlas e iniciativas para educar a la profesión jurídica y comunidad en general, por ejemplo, sobre conceptos básicos de la tecnología, cómo impacta en el aspecto social y cómo manejarla como una inversión y responsabilidad contributiva. 

«Hay un vacío que hay que llenar en cuanto a este tema y hay un vacío en la comunidad jurídica», resaltó.