Por mucho tiempo en las conversaciones sobre las inquietudes en la profesión legal poco se discute la situación de abogados y abogadas no licenciados y licenciadas.
Para el presidente de la Delegación de Abogados y Abogadas de Río Piedras, Daniel Matos Meléndez, es necesario insertar a estas personas al diálogo para conocer sus necesidades.
“Esto es un problema que siempre va a existir mientras haya reválida. Vamos a tener una población que tenemos que atender de abogados no licenciados. Ahora nos toca escucharlos, brindarles el espacio para ver qué necesitan del gremio y extenderles la mano. Ver cómo desde la legislatura podemos facilitar el acceso a la justicia de estos abogados y abogadas que no tienen la reválida”, aseguró el licenciado, quien es socio del bufete Sewell & Matos LLC.
El abogado conversó con Microjuris sobre cómo se evita atender la situación de personas que obtienen el Juris Doctor y no aprueban la reválida general.
«Hasta hace poco lo de la reválida era un tabú. Hubo que esperar hasta que casi quitaran la acreditación de las universidades para que se discutiera el tema y se llegara a una alianza entre las universidades. Esto también amerita eso. Amerita que se discuta, escuchar las experiencias, que se hagan un tipo de vistas públicas, que exista un diálogo abierto», expresó.
Matos Meléndez resaltó que, a petición del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), se presentó el Proyecto de la Cámara 1393 con el fin de comenzar a atender las necesidades de esta población. La medida busca que se permita nuevas oportunidades a egresados y egresadas de las escuelas de derecho que obtengan una calificación de no aprobado, una vez agoten las seis (6) ocasiones establecidas para tomar el examen de reválida general y notarial.
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Según el licenciado, existen muchos aspectos que se deben evaluar. Sin embargo, entiende que el factor económico y la salud emocional son los asuntos principales que hay que atender.
«Ciertamente, después de una cantidad de veces es complicado tomar la reválida porque tiene su costo. […] Costo para tomar el examen, costo para prepararte y coger los repasos, si la persona deja de trabajar está dejando de ingresar, el que no deja de trabajar le añade un estrés adicional», detalló.
¿Cuál puede ser el plan de acción?
Para Matos Meléndez, destinar recursos para fortalecer la salud mental y emocional durante el proceso de reválida es importante. Por ejemplo, tener recursos disponibles tanto en las universidades, el CAAPR y crear una línea de ayuda para estudiantes y aspirantes.
“Esto va entrelazado con los préstamos estudiantiles. A veces tienes préstamos estudiantiles desde el bachillerato y después para la escuela de derecho y posteriormente muchas veces toman préstamos que son pequeños, que depende de las circunstancias de cada cual, para tomar la reválida”, agregó.
Ante los retos económicos que trastocan la salud emocional, Matos Meléndez sugirió que se pudiese considerar dar una ayuda monetaria para las personas que requieren repetir la reválida y lograr la licenciatura. «Se pueden buscar tanto en el Colegio como de bufetes privados, etcétera. Posibles becas que se puedan dar para cubrir los gastos de los repasos y el material. El Colegio y estas instituciones pueden apoyar a estas personas para que puedan licenciarse», sostuvo.
Otro aspecto que el abogado considera que se debe discutir es el ámbito laboral y las oportunidades de empleo para abogadas y abogados no licenciados.
«Necesitamos oportunidades para que puedan seguir desarrollándose en la profesión legal. […] Hay que conocer las experiencias de las personas que no pudieron pasar la reválida, que tuvieron que adaptarse a otra profesión. Hay que ver qué está sucediendo, qué necesitan, cómo podemos integrarlos más al Colegio», dijo.
Destacó que las y los estudios en derecho pueden ser un complemento para ejercer otras profesiones. No obstante, indicó que las expectativas de la profesión deben cambiar y ajustarse a la realidad.
«Muchas personas, muchos estudiantes cuando entran a estudiar derecho, cuando empiezan a contemplar esa posibilidad, tienen unas expectativas distintas a las que se materializan. Tanto en la experiencia, en la profesión, tanto en el área que uno se va a dedicar, tanto en el salario», comentó.
Por tanto, el licenciado expresó que se debe analizar cómo se pudiese compensar mejor a esta población.
«Si uno tiene la expectativa de que se va a ganar cierta cantidad de dinero y no logra pasar la reválida, ciertamente con mucha probabilidad no vas a ganar esa cantidad de dinero. Entonces, ¿cómo haces esos ajustes? ¿Cómo balanceas el haber invertido cuatro años de universidad para invertir en la reválida y las veces que la tomes?», cuestionó.
Tras plantear la necesidad de que se inicie un diálogo para atender las inquietudes de las personas no licenciadas que tienen un Juris Doctor, Matos Meléndez exhortó a la profesión, a las escuelas de derecho y al Tribunal Supremo de Puerto Rico a asumir responsabilidad.
«Hay que ser empáticos y conscientes con estas personas que siguen siendo profesionales del derecho y no se les están dando los recursos para desarrollarse en la profesión que quieren», manifestó.
También compartió que en el CAAPR ofrecen una colegiación que es para personas que tienen Juris Doctor. «El Colegio está abierto para ustedes, los recursos están abiertos para ustedes, las Comisiones están abiertas para ustedes», puntualizó.
