Nota de la editora: ¿quieres estar al día con lo que sucede en la legislatura? Te invitamos a registrarte en nuestro boletín.
El Senado de Puerto Rico aprobó el Proyecto del Senado 1158, que busca enmendar el Artículo 1.053 de la Ley 107-2020, conocida como «Código Municipal de Puerto Rico«, para aclarar y establecer las circunstancias en las cuales no está autorizado el pago con fondos municipales de las sentencias por daños y perjuicios que recaigan contra el municipio debido a los actos u omisiones de un funcionario, agente o empleado municipal.
El proyecto de ley busca especificar que el municipio no está autorizado a utilizar fondos municipales para pagar sentencias por daños y perjuicios en casos donde los actos u omisiones que dieron lugar a la demanda fueron cometidos por un funcionario, agente o empleado municipal. Esto implica que la responsabilidad recaería en el individuo responsable y no en el municipio en sí.
La exposición de motivos explica que el Código Municipal actual carece de una disposición que establezca en qué situaciones un municipio debe hacerse cargo del pago de una sentencia emitida contra un empleado municipal, a diferencia de lo que se establece en la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado para la Rama Ejecutiva. Por lo tanto, la enmienda propuesta busca aclarar el Código Municipal y establecer las circunstancias en las cuales un municipio no estará obligado a pagar una sentencia por acciones u omisiones de funcionarios, agentes o empleados que hayan causado daño a una persona.
En este sentido, la responsabilidad pecuniaria recaería en la persona que actuó de manera intencional y criminal bajo el amparo de su empleo o funciones. La medida destaca que los municipios no utilizarán fondos para otros fines que no sean los servicios esenciales y necesarios para la ciudadanía, y siempre en protección de sus recursos.
El proyecto, que contó con 15 votos a favor y 6 en contra al momento de aprobarse, fue radicado por la senadora Migdalia I. González Arroyo.
