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La Cámara de Representantes votará en su sesión de hoy el Proyecto de la Cámara 1643, que enmendaría el Código de Rentas Internas para otorgar una deducción fiscal a los educadores por los gastos elegibles incurridos en la compra de materiales y servicios relacionados con su práctica docente. El propósito principal de esta deducción es brindar apoyo financiero a los educadores y reconocer los gastos adicionales que incurren para mejorar su labor educativa.
Específicamente, los educadores elegibles podrán deducir hasta $500 dólares por gastos relacionados con su labor educativa.
Un educador elegible se define como aquel que ha trabajado al menos 900 horas durante el año fiscal como maestro, instructor, consejero estudiantil, director, personal de necesidades especiales, estudiante practicante o asistente de maestro en escuelas primarias o secundarias acreditadas, ya sean públicas o privadas, en Puerto Rico.
Los gastos elegibles incluyen cursos de desarrollo profesional, compra de libros, suministros, equipos informáticos (incluyendo programas y servicios relacionados), así como otros equipos y materiales educativos utilizados directamente en el servicio educativo a los estudiantes.
Esta deducción estará vigente para los años fiscales después del 31 de diciembre de 2024, pero antes del 1 de enero de 2026.
La exposición de motivos del proyecto de ley explica que los maestros en Puerto Rico gastan una parte significativa de sus salarios en la compra de material didáctico necesario para facilitar el aprendizaje. Aunque no existen datos específicos sobre cuánto gastan los maestros de Puerto Rico, estudios realizados en Estados Unidos indican que un alto porcentaje de maestros destina parte de sus ingresos personales a la compra de materiales escolares, con un promedio anual de $750 dólares.
Se menciona que los gastos de los maestros han aumentado un 25% desde 2015 y es probable que esta tendencia continúe debido a las condiciones económicas actuales.
Se menciona otro proyecto de ley, el Proyecto de la Cámara 2293 del 2020, que buscaba crear la «Ley de Reembolso al Maestro Dedicado» para reembolsar a los maestros que utilizaban su propio dinero en la compra de materiales académicos necesarios. Sin embargo, este proyecto presentaba limitaciones al aplicarse solo a los docentes del sistema de enseñanza pública, excluyendo a aquellos que trabajan en instituciones privadas acreditadas. Además, se argumentaba que la creación de una nueva estructura burocrática podría dificultar su implementación.
El proyecto de ley fue radicado por el representante Ángel A. Fourquet Cordero.