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El gobernador Pedro Pierluisi convirtió en ley las enmiendas propuestas a la Ley de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario para establecer el deber de la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario de notificar a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) cuando se identifican deficiencias en sus solicitudes de fondos y, proveer un término razonable para subsanar las mismas.
La nueva Ley 78-2023, aprobada por la Legislatura durante el cierre de la pasada sesión ordinaria establece que, aunque el enfoque establecido mediante la Ley 20-2015 ha cumplido sus objetivos, recientemente se ha planteado preocupaciones de varios solicitantes sobre la forma en que opera el proceso de solicitud de fondos.
Las organizaciones han expresado que existe una falta de consistencia en la forma en que se manejan las situaciones cuando una solicitud está incompleta o no es posible obtener a tiempo todos los documentos requeridos para la solicitud. Además, han expresado preocupación porque, en muchos casos, sus solicitudes son rechazadas sin que se les informen las razones para dicho rechazo, ni se les proveen oportunidades para salvar las deficiencias en la solicitud.
La enmienda aprobada dispone que al recibo de la solicitud de fondos por parte de una organización sin fines de lucro (OSFL), la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario realizará, en un periodo de 15 días, una revisión preliminar para determinar si la OSFL ha cumplido con todos los requisitos de propuesta y documentación establecidos en ley.
De estar completa la solicitud, la Comisión le notificará a la OSFL de este hecho. De no estar completas la propuesta y los documentos, la Comisión le notificará a la OSFL cuáles documentos no han sido sometidos, y le otorgará un término no mayor de 15 días a partir de la notificación para subsanar las deficiencias. El término establecido no podrá exceder la fecha del cierre del periodo de convocatoria.
