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La Cámara de Representantes de Puerto Rico tenía en su Calendario de Ordenes Especiales del Día para su sesión de ayer, 5 de septiembre de 2023, el Proyecto de la Cámara 1333, que busca declarar un Estado de Emergencia por Violencia Infantil en Puerto Rico, sin embargo, el informe rendido por la Comisión de Gobierno, que tiene a su cargo recomendar o rechazar la aprobación de dicha medida, fue retirado y devuelto a la Comisión.
La medida decreta este estado de emergencia por un periodo de tres años. La medida crea un Comité Asesor Interagencial con el propósito de recomendar medidas para uniformar los protocolos y guías de las agencias gubernamentales y organizaciones que intervienen en casos de maltrato infantil. El Comité estará compuesto por varias agencias gubernamentales y organizaciones relevantes, y será presidido por la Secretaria del Departamento de la Familia. El Comité deberá presentar un informe anual a la Asamblea Legislativa que detalle sus esfuerzos y trabajo realizado.
El proyecto de ley ordena al Departamento de Seguridad Pública realizar una evaluación exhaustiva de los protocolos y documentos relacionados con la respuesta a delitos sexuales o maltrato hacia menores por parte de la Policía de Puerto Rico y la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores.
Además, exhorta a la Rama Judicial y a la Oficina para la Administración de los Tribunales a adoptar o enmendar protocolos de educación, prevención y respuesta a la violencia infantil, incluyendo situaciones relacionadas con el personal judicial. Sugiere la adopción de un Protocolo de Intervención uniforme que incluya una sala especializada para entrevistar a los menores, un entrevistador forense capacitado en el manejo de casos de abuso sexual y maltrato infantil, y un intercesor legal especializado en el manejo de situaciones de abuso y maltrato infantil.
Por otro lado, el proyecto ordena al Departamento de Educación incorporar un protocolo completo para prevenir y responder a la violencia infantil en escuelas públicas y privadas. El protocolo debe abarcar diversas situaciones de violencia, tanto en el entorno familiar de los estudiantes y empleados como entre los propios estudiantes. Se requiere que todo el personal escolar esté capacitado para reconocer y actuar ante situaciones de violencia infantil de acuerdo con el protocolo establecido.
El Departamento de la Familia debe aumentar el personal de trabajadores sociales para atender los casos de maltrato infantil, establecer salarios competitivos y dignos, garantizar condiciones laborales adecuadas, identificar y atender los casos de maltrato pendientes, priorizar los casos de tortura contra menores y los casos de menores desaparecidos o evadidos bajo su custodia, ofrecer capacitaciones en el uso de tecnología, realizar campañas de orientación y educación, y solicitar ayuda y asistencia para las campañas informativas.
El Departamento de Salud y las Juntas Examinadoras deben incluir en su plan de educación continuada créditos sobre el manejo del maltrato infantil como requisito para la renovación de licencias.
El Departamento de Justicia debe atender con urgencia los casos de maltrato y tortura de menores, presentar informes periódicos a la Asamblea Legislativa sobre las querellas y convicciones relacionadas con el maltrato infantil.
La exposición de motivos destaca la gravedad y persistencia del maltrato de menores en Puerto Rico y en el mundo. Se menciona que la violencia infantil, que está en aumento, tiene consecuencias significativas en la vida de los niños, sus familias y la sociedad en general. Se señala que la violencia contra los niños ocurre en diferentes entornos, como el hogar, la familia, la escuela, el sistema de justicia y la comunidad. Se mencionan diversas formas de violencia que los menores enfrentan, incluyendo negligencia, abuso físico, emocional, sexual, psicológico e institucional.
Además de las diferentes formas de violencia mencionadas, se destaca la falta de conocimiento y legislación sobre la tortura infantil como delito, lo cual dificulta su identificación y prevención. Se menciona que existe una relación directa entre la pobreza y la negligencia infantil, y se resalta que la niñez en Puerto Rico enfrenta altos niveles de pobreza, agravados por desastres naturales y la pandemia de COVID-19.
La medida fue radicada por el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón y el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González.
