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Ante el retraso en el proceso de desembolso de fondos destinados para organizaciones sin fines de lucro, la directora del Movimiento Una Sola Voz, María de Lourdes Ortiz, aseguró a Microjuris que se verá afectada la calidad de vida de las personas que reciben los servicios y la sociedad en general.
En entrevista con Microjuris, Ortiz explicó que aún esperan por la radicación de la medida que busca asignar $20 millones para que las entidades continúen brindando sus servicios a la población más vulnerable.
«Esto nos pone en una situación más complicada porque la sesión legislativa cierra en la segunda semana de noviembre. Por lo tanto, la medida debe radicarse durante los próximos días para que se dé el proceso de votación en ambos cuerpos. En caso de no radicarse la medida en los próximos días, las organizaciones deben esperar a que empiece la próxima sesión que comienza a mediados de enero», comentó.
Pese a que anteriormente el proceso también ha sido dilatado, la directora destacó que este año se enfrentan a retos adicionales.
Indicó que, por lo general, desde agosto o septiembre se comparte la lista de organizaciones que recibirán la asignación de fondos desde antes de la radicación de la medida.
«Este año las organizaciones no saben a estas alturas si van a recibir alguna asignación. Eso tiene un efecto directo en el sentido que los fondos de 2022 a 2023 tienen una efectividad hasta finales de octubre. Cualquier contratación que hayan hecho las organizaciones con esos fondos del 2022-2023 se acaban a finales de octubre. Tenemos organizaciones que han contratado terapistas o psicólogos que al 30 o 31 de octubre cesa su contrato», mencionó.
El desconocimiento sobre grupo de entidades que recibirán el dinero representa un grave problema para que las organizaciones brinden servicios desde el mes de noviembre. Aclaró que, con solo tener la lista, las organizaciones sin fines de lucro pueden hacer arreglos en sus finanzas para no paralizar los servicios.
Según Ortiz, la razón por la que el Senado no ha publicado la lista es que esta «conlleva unos ajustes y no quieren crear falsas expectativas«. Aunque confesó que entiende el argumento por el que no han compartido la lista, reiteró que en años anteriores la lista sí se publicaba temprano en el proceso.
«El año pasado la medida se aprobó al cierre de la sesión y el gobernador firmó la medida la primera semana de diciembre, pero ya desde septiembre sabíamos qué organizaciones iban a recibir los fondos. Las organizaciones tenían una cierta tranquilidad por saber que estaban en esa lista. Este año no se ha dado. Siempre hay un nivel de incertidumbre porque los números podrían cambiar, pero nunca hemos tenido situaciones en que cambien dramáticamente», sostuvo.
Asimismo, explicó que no han tenido la oportunidad de reunirse con la Junta de Supervisión y Administración Financiera. No obstante, aclaró que el ente fiscalizador ya cumplió con su rol de aprobar la disponibilidad de fondos.
«No es algo que no quisiéramos hacer, pero lo importante es que la junta ya aprobó los 20 millones del fondo legislativo. Fue aprobado porque forma parte del presupuesto general del país que se aprobó en junio», agregó.
Impacto a la población
Además de impactar a las personas participantes o que reciben el servicio, la tardanza en el desembolso de los fondos afecta la calidad de vida en la sociedad puertorriqueña.
«No se trata solamente que una organización cierre operaciones o que este niño o niña deje de recibir servicios. Esto tiene un efecto a largo plazo. Las organizaciones suplen esas necesidades que el gobierno no puede suplir y afecta a las personas en mayor vulnerabilidad y las estamos poniendo en una posición más vulnerable», sostuvo.
Compartió que, por ejemplo, la Asociación Puertorriqueña de Ciegos tiene 10 personas empleadas. De esas 10 personas, solo tres son asalariados, que sus salarios provienen de fondos legislativos, y las otras siete trabajan como voluntarias.
Ortiz detalló que, en caso de no recibir los fondos a tiempo, estas personas tendrían que trabajar voluntariamente con la organización o prescindir de sus labores.
«Las 20 o 25 personas a las que le ofrecen servicios son personas ciegas. No son personas ciegas de nacimiento, sino que por condiciones de salud quedaron ciegas. Estas personas están pasando por un proceso de adaptación a una realidad y esos son los diferentes aspectos con los que trabaja esta organización. Si la organización no recibe los fondos, pues no van a poder ofrecerles más servicios», contó.
Por otro lado, habló sobre una organización que ofrece servicios a personas con espina bífida. Mencionó que la entidad brinda terapias a niñas y niños desde que son bebés o, como mínimo, los tres años. Son terapistas que ya no van a poder continuar brindando servicios.
«Entonces, qué agencia del gobierno u otra organización ofrece terapias para niños con espina bífida. Son pocas por no decir ninguna. Necesitan terapias casi a diario porque sino esto retrasaría su condición», agregó.
Con relación a otra organización que ayuda a víctimas de violencia en Puerto Rico, afirmó que los servicios, que son mayormente de ayuda psicológica tanto para la víctima como para las familias, se verían afectados. «Imagínate en una situación de violencia cómo tú te encuentras emocionalmente. Si esa organización deja de ofrecer servicios, estás dejando desprovistas de servicio de salud mental a una población en total vulnerabilidad. No sabes cuáles serían los efectos de dejar de recibir los apoyos psicológicos», alertó.
De igual forma, Ortiz enfatizó en que desde Una Sola Voz continuarán abogando por el sector sin fines de lucro. Destacó que los fondos legislativos son indispensables para muchas organizaciones porque sus operaciones dependen de poder recibir este dinero.
«Tenemos un compromiso con las organizaciones para hacer de este proceso uno de prioridad. Es importante crear mejores alianzas y mejores relaciones con los distintos legisladores que hay ahora mismo, porque a la hora de la verdad, necesitamos el apoyo de todos», apuntó.
Por tanto, exhortó a la legislatura a manifestar sensibilidad a la realidad de las organizaciones.
«Muchas veces hemos tenido conversaciones con distintos legisladores que nos hablan de que ellos reconocen el rol importante de las organizaciones, pero necesitamos que se pongan en acción. Necesitamos el apoyo para que esto no siga sucediendo», puntualizó.