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Con el fin de eliminar las barreras tecnológicas a la disponibilidad de servicios públicos, la Legislatura dio paso a la Ley Anti Discrimen Cibernético para disponer que toda agencia gubernamental que ofrezca servicios públicos mediante una plataforma digital tendrá la obligación de mantener la alternativa de que dichos servicios puedan solicitarse a través de medios tradicionales.
Esto debe incluir servicio en persona o mediante formularios impresos, de manera que los servicios sean accesibles a toda persona sin importar sus limitaciones socioeconómicas, edad, escolaridad, destrezas físicas o cognitivas, o diversidad funcional, entre otros.
Se trata del Proyecto del Senado 837, de la autoría de la senadora Keren L. Riquelme, aprobado por vía de un comité de conferencia al cierre de la 6ta sesión ordinaria.
El proyecto de ley dispone que todo método, sistema, plataforma, o medio digital implementado por cualquier entidad gubernamental para proveer servicios públicos integrará un módulo diseñado para su uso por personas con diversidad funcional, que provea, sin limitarse a, la alternativa de recibir la información en formato auditivo.
La autora de la medida destaca que al presente, son muchos más los servicios que podemos hacer a través del Internet, en comparación a una década atrás. Sin embargo, existen grandes retos, por ejemplo, la alta brecha digital en Puerto Rico.
Por lo cual, la medida también dispone que toda entidad pública que efectúe actividades en las que se ofrezcan o provean servicios públicos durante un término de tiempo limitado, o que ofrezcan servicios públicos en una región geográfica particular durante un término de tiempo limitado; y en las cuales los servicios deberán solicitarse a través de una plataforma digital; deberá proveer equipo computadorizado y asistencia técnica durante el proceso de solicitud, en un lugar accesible, para aquellas personas que puedan necesitarlo.
Para cumplir con esta disposición, podrán gestionar arreglos colaborativos con los gobiernos municipales y entidades sin fines de lucro. Esta disposición será de aplicación independientemente del origen de los fondos utilizados para sufragar el servicio que proveerá la entidad pública.
El proyecto de ley pasa ahora a la consideración del Primer Ejecutivo, Pedro Pierluisi para su firma o veto.
