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Con el propósito de establecer una política pública sobre el uso de algoritmo de Inteligencia Artificial (AI, por sus siglas en inglés), la Cámara de Representante tiene ante su consideración una medida dirigida a atender este tema.
¿Qué establece la medida? El Proyecto de la Cámara 2027 busca que toda agencia solicite a (PRITS, por sus siglas en inglés) autorización para el uso de AI, esto con el fin de «regular, autorizar, evaluar y fiscalizar la implementación, desarrollo, incorporación y utilización de las capacidades de inteligencia artificial».
La pieza legislativa enmienda los Artículos 2, 3, 6, 8, 12 y 13 de la Ley Número 75 2019, conocida como Ley de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología, con el objetivo de establecer un marco regulador sobre el desarrollo y utilización de algoritmo de AI en las agencias del gobierno.
¿Quién redactó la medida? El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández.
¿Qué deberán hacer las agencias? Al entrar en vigor esta ley, toda agencia tendrá que remitir un informe detallado sobre si ha utilizado algoritmos de AI en el pasado o en tiempo actual.
También, tendrá que informar la razón de la utilización, la plataforma implementada y las necesidades de la dependencia.
PRITS tendrá además, la facultad para regular los criterios, requisitos, parámetros y procesos en las agencias para usar algoritmos de esta novel tecnología.
«Por otra parte, la pieza legislativa establece los parámetros para que PRITS pueda hacer valer la nueva política pública con una estructura de multas administrativas a las agencias que incumplan de hasta 10,000 dólares».
Los fondos recaudados por estas multas, irán a PRITS y serán utilizados para la adquisición de tecnología para la implementación de la nueva política pública.
«A principios del 2023, el principal ejecutivo de Operaciones de la empresa Open AI, una de las compañías líderes en el campo de AI y creadora de la plataforma ChatGPT, sostuvo una reunión con sobre 100 congresistas para pedir creación e implementación de un marco regulador, «estándares de seguridad y robustos protocolos que reduzcan los riesgos asociados a esta tecnología».