La Fundación Fondo Acceso a la Justicia celebrará hoy, jueves, los 10 años de aniversario de la Ley 165 del 26 de diciembre de 2013, legislación que creó el Fondo Acceso a la Justicia.
La directora ejecutiva de la entidad, Amaris Torres Rivera, comentó que la actividad tiene como propósito conmemorar la legislación que estableció como política pública el acceso a la justicia en asuntos civiles en Puerto Rico.
«Por supuesto, para nosotros como fundación ha sido fundamental poder cubrir esas necesidades legales de poblaciones más vulnerables en Puerto Rico, poblaciones que viven bajo el nivel de pobreza», expresó la licenciada en entrevista con Microjuris.
Asimismo, mencionó que actualmente Puerto Rico cuenta con una tasa de pobreza de un 41.7%.
Por lo tanto, aseguró que el enfoque del acceso a la justicia y esta política pública es poder cubrir las necesidades legales de personas, familias y comunidades que no cuentan con los recursos económicos para pagar los servicios de profesionales del derecho y acudir a los distintos foros para obtener algún remedio.
Durante estos 10 años, la organización ha logrado subvencionar a cerca de 40 sin fines de lucro en Puerto Rico para que puedan ofrecer servicios legales libres de costo.
«Son organizaciones sin fines de lucro muy variadas a través de los 78 municipios. Podemos tener organizaciones con un enfoque civil o una organización tradicional legal, como las escuelas de derecho. […] También tenemos otras organizaciones de base comunitaria, de distintas temáticas como ambiental u otras organizaciones que ofrecen servicios a personas sordas», manifestó.
Otros logros son los programas que han creado como el de la defensa de la persona deudora hipotecaria, desarrollo económico comunitario, Civil, Familia y Administrativo, entre otros.
«La Beca Charles Hey Maestre es una beca para abogados y abogadas que desean encaminar un proyecto de acceso a la justicia y se le da una subvención por un año. La convocatoria está abierta y termina el 15 de marzo. Se le otorga una subvención de 42,000 por un año para que puedan encaminar el proyecto en una fundación sin fines de lucro», resaltó,
Torres Rivera también indicó que tienen el programa de Servicios Legales de Emergencia que fue creado después del huracán María para atender sobrevivientes de desastre. Mencionó que ha sido un proyecto muy importante en Puerto Rico y ha impactado cerca de 20 mil personas.
«Hemos subvencionado más de $10 millones y entre casi 40 sin fines de lucro en los ciclos. […] Para ofrecer a nuestras comunidades y familias que son el centro de nuestro trabajo. Las familias y las comunidades que nos necesitan», destacó.
Según Torres Rivera, la organización ha impulsado logros relacionados con la política pública para allegar recursos. Sin embargo, explicó que aunque se han aprobado estas legislaciones no han recibido el dinero. Aseguró que la asociación ha recurrido a otras fuentes para continuar brindado acceso a la justicia.
Planes futuros
La abogada resaltó que buscarán promover que más profesionales del derecho y bufetes abran cuentas IOLTA, y que más bancos e instituciones financieras tengan el producto disponible.
«Se supone que ese sea nuestro ingreso principal. Ese fue un mecanismo extraordinario y poco a poco en estos 10 años hemos tenido que lidiar con promover que los abogados abran estas cuentas», sostuvo.
Las cuentas IOLTA son el mecanismo creado para abogados que manejan fondos de clientes y que los intereses generados puedan utilizarse para ofrecer representación legal gratuita a personas de escasos recursos económicos.
«Llegó a Puerto Rico en 2013 a través de esta legislación y es un mecanismo muy importante porque nosotros como abogados y abogadas cuando abogados recibimos dinero de nuestros clientes que no son honorarios y ya sea por adelantos en algún caso o contingencia, ese dinero que pertenece al cliente no podemos mezclarlos con bienes propios», informó.
No obstante, Torres Rivera dijo que no fue hasta el 2017 que una entidad financiera ofreció el producto de una cuenta IOLTA. Añadió que, desde la fecha, estas cuentas han generado en intereses $141 mil, que han sido transferidos para la fundación.
«Ciertamente, es una cantidad importante pero no es una cantidad suficiente para poder continuar con nuestras subvenciones y programas de manera sostenible», contó.
Entre abogados con práctica privada y bufetes hay alrededor de 182 cuentas IOLTA abiertas. «En un universo de miles de abogados y abogadas es una cantidad no representativa de lo que pudiera ser ese universo de abogados elegibles para abrir estas cuentas», advirtió.
Por lo tanto, la licenciada hizo un llamado a la profesión legal en Puerto Rico que recibe dinero de clientes a que abran una cuenta IOLTA y lo depositen porque eventualmente se traducirá en un servicio a la comunidad, en un sentido de justicia.
Con relación a la conmemoración del décimo aniversario, Torres Rivera comunicó que la actividad privada contará con la asistencia de personas y entidades que han apoyado a la organización, representación de la entidades sin fines de lucro que han subvencionado, entre otros colaboradores.