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Una demanda fue presentada la semana pasada en el Tribunal federal para el Distrito de Columbia, en una acción descrita por una organización defensora de los derechos de los animales como necesaria para evitar «un retroceso en el movimiento de bienestar animal».
La demanda busca detener un plan anunciado por el Servicio Federal de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés) para retirar los gatos del Viejo San Juan.
Se trata de gatos que viven en distintos puntos de la zona amurallada, pero principalmente en el Paseo del Morro, donde la presencia de este animal ha sido constante durante mucho tiempo.
«Los gatos de la comunidad han vivido en el área que es ahora el Paseo desde mucho antes que el área pasara a jurisdicción federal, y los gatos son amados por residentes y turistas», reza un extracto de la demanda presentada por el grupo Alley Cat Allies Incorporated (ACA), que se identifica como un promotor global de la educación y acción en orden de evitar el exterminio de gatos en predios federales en Puerto Rico
En la demanda de 30 páginas presentada el pasado miércoles, ACA pide un interdicto permanente que prohíba el plan de exterminio de los mininos, una sentencia declaratoria, y que la agencia federal evalúe nuevas estrategias respecto a estos animales.
El grupo se opone al plan anunciado por Parques Nacionales, el cual ha sido discutido en vistas públicas. La estrategia del gobierno federal buscará retirar los gatos del área con la asistencia de una entidad designada. Esta entidad intentará facilitar la adopción de estos animales, aunque se contempla la posibilidad de que algunos puedan ser sacrificados si fuera necesario, sin especificar una cantidad exacta.
«Los gatos también pueden ser sacrificados debido a la falta de espacio en el albergue de animales», reza una parte del documento como una de las alternativas manejadas.
«La colocación de gatos no socializados, poco socializados o poco saludables estaría determinada por el mejor juicio profesional de la organización de bienestar animal, de acuerdo con el plan de implementación de NPS y las leyes de bienestar animal y especies invasoras de Puerto Rico, y podría incluir la eutanasia, similar a las prácticas actuales», se agrega bajo la alternativa descrita como «alternativa preferida NPS».
Se trata de un plan que contradice esfuerzos anteriores del propio NPS, que hasta recientemente llevaba una iniciativa de control de la población atrapando y esterilizando gatos, pero ahora «arbitrariamente decidan seguir un inalcanzable, innecesaria e inhumana meta: la completa erradicación de los gatos en el Paseo».
Por su parte, Vivian González Méndez, profesora adjunta de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y mentora del grupo Pro-bono Organización Nacional de Derechos de Animales (ONDA), explicó en entrevista con Microjuris que ya ellos se habían opuesto al plan de manejo de gatos del gobierno federal.
«La posición de nosotros es que esa es la residencia de estos gatos y se deben quedar ahí», expresó.
Las razones que dieron para oponerse incluyen que la estrategia que el NPS está a punto de implementar no cumple con las disposiciones de protección animal en Puerto Rico, y también porque durante las vistas públicas se violaron los derechos civiles de las personas que no hablaban inglés, ya que los documentos presentados en la audiencia estaban en inglés.
El documento fue traducido, pero no ha habido vistas usando el documento en español.
La profesora González afirmó que ONDA presentó una querella ante la Comisión de Derechos Civiles en Puerto Rico. Sin embargo, en ese momento tenían pocos recursos humanos, por lo que contactaron a la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos. A pesar de ello, no recibieron respuesta.
Añadió que, según lo observado en la demanda federal, se alega violación a la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) de 1969 y su reglamentación aplicable. Además, denuncian «la crueldad e ineficacia de lo que el gobierno federal quiere hacer», ya que crearía un vacío que sería ocupado por nuevos gatos abandonados que no estarían esterilizados, como la mayoría de la comunidad actualmente.
«Implica una matanza permanente de gatos», sostuvo González, quien agregó que la población felina actual debe rondar los 150 gatos en ese sector.
También destacó que el lenguaje utilizado en la demanda describe a estos gatos como «comunitarios», lo cual es una distinción diferente a la de «realengos», ya que se refiere a mininos que, de manera similar a como ocurre en algunos condominios, son cuidados por la comunidad.
Mientras tanto, Dellymar Bernal Martínez, presidenta de la junta de directores del Santuario de Animales San Francisco de Asís, comentó que la controversia representa un retroceso en el movimiento de bienestar animal en Puerto Rico. Esto se debe a que la estrategia que estaba utilizando el NPS, conocida como «capturar, esterilizar y devolver» (TNR, por sus siglas en inglés), era un ejemplo que ellos usaban al impactar comunidades afectadas por poblaciones de gatos sin dueño.
Indicó que ese modelo que antes usaba NPS era efectivo aquí y lo ha sido en otras partes del mundo.
Agregó que el proyecto de Parques Nacionales federal no es un plan asequible en la actualidad.
«En este momento todas las organizaciones sabemos que enfrentamos una crisis, las adopciones han disminuido, los nacimientos han aumentado por las pausas en la pandemia a los programas de esterilización de animales. Es una gran posibilidad de que estos gatos sean sacrificados», indicó.
Sin embargo, Bernal Martínez dijo que está «esperanzada» con el desenlace final del pleito federal.
«Si perdemos este ejemplo de TNR se va a justificar la matanza de gatos por toda la isla. Los gatos son los grandes invisibles de la lucha por el bienestar animal», mencionó.
