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El Colegio de Profesionales del Trabajo Social exigió en una vista en la Cámara de Representantes que estos profesionales sean designados servidores públicos de alto riesgo para propósitos de compensación en la Ley de Retiro y la aplicabilidad de esta distinción para incentivos otorgados a los empleados del sistema de seguridad.
En representación de la organización, la licenciada Nélida Rosario Rivera aseguró que en Puerto Rico existen 7,100 personas autorizadas para ejercer el trabajo social que se exponen a riesgos por condiciones laborales que les «desprotegen» e imposibilitan cumplir con sus funciones en seguridad.
La Comisión de Bienestar Social, presidida por la representante Lisie Burgos Muñiz, atendió el Proyecto de la Cámara 972 cuyo propósito es hacer valer el reclamo de los trabajadores sociales. Además, la comisión consideró un bloque de medidas relacionadas a la profesión y sus funciones dentro del Departamento de la Familia.
«Es imperativo que se les asegure lugares de trabajo libres de abuso y violencia con una carga de trabajo razonable, además de seguro y saludable», expresó Rosario Rivera.
«Reconociendo el trabajo que realizan en situaciones de alto riesgo y sus condiciones laborales precarizadas, consideramos necesario compensar a este personal con la distinción de servidores públicos de alto riesgo», añadió.
Sin embargo, la portavoz destacó que muchos de los riesgos no solo provienen de los acercamientos a la comunidad y las visitas a hogares, sino por sobrecarga laboral; falta de recursos de apoyo y de acompañamiento; ausencia de apoyo de las agencias; así como altos niveles de estrés.
La entidad también resaltó que dentro del Departamento de la Familia y los servicios que se ofrecen también se realizan intervenciones sociales con adultos mayores en situaciones de negligencia, maltrato y abandono. Por tal razón, Rosario Rivera recomendó que el proyecto de ley incluya explícitamente a los trabajadores sociales que laboran con esta población.
«Estos profesionales realizan su trabajo en espacios de alto riesgo y violencia, por lo que se exponen a los mismos peligros de quienes trabajan con la niñez y juventud», sentenció.
En un memorial explicativo firmado por la secretaria Ciení Rodríguez Troche, el Departamento de la Familia informó que favorecerá la pieza legislativa luego de que sus recomendaciones sean consideradas por la comisión.
La agencia, representada por la licenciada Nicole Báez, recordó que se trata de la tercera ocasión que la Legislatura presenta una medida con el mismo fin y que las dos anteriores no fueron aprobadas por asuntos de índole fiscal.
Entre ellas, que la comisión cuente con el aval de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico debido a que la propuesta legislativa «afectaría» las finanzas del Fondo de los Sistemas de Retiro, toda vez que los trabajadores sociales podrían retirarse a una edad más temprana.
La Ley 447 de 1951, que pretende enmendar el proyecto, establece que los trabajadores catalogados de alto riesgo que entraron al sistema público antes del 30 de junio de 2013 pueden retirarse a los 55 años. Aquellos que entraron al sistema público posterior a esa fecha pueden retirarse a los 58 años.