El presidente de la Asociación de Fiscales de Puerto Rico, Javier Rivera Rivera, dijo que su grupo está confiado en que la Junta de Supervisión y Administración Financiera (FOMB, en inglés) le dará paso próximamente a los aumentos de sueldos recientemente legislados, esto luego de una reunión celebrada la semana pasada entre la plana mayor del Departamento de Justicia con el director ejecutivo de la junta, Roberto Mujica.
Fiscales no están satisfechos con aumento salarial anunciado por Justicia
«La impresión de nosotros es una positiva dentro de todos estamos confiados en que la junta de paso a la puesta en vigor de esta ley», dijo Rivera Rivera en entrevista con Microjuris.
«El primero de julio (cuando inicia el nuevo año fiscal del gobierno de Puerto Rico) es nuestra expectativa (para que entren en vigor). Es lo que estamos confiados que ocurra. Nuestra posición la expusimos», agregó.
Explicó que los fiscales quedaron fuera de los recientes aumentos salariales ofrecidos a empleados públicos debido a los planes de reclasificación recientes. Por ello, se han trabajado dos leyes recientemente para sus aumentos de sueldo. Sostuvo que la primera, la Ley Núm. 105 de 2022, solo significó aumentos para los fiscales de distrito y para muy pocos fiscales auxiliares. Posteriormente, se aprobó la Ley Núm. 134 de 2023, pero la Junta de Supervisión todavía no la ha autorizado.
Según el portavoz de los fiscales, esta ley no solo es necesaria para otorgar un aumento salarial a los fiscales, procuradores de familia y registradores de la propiedad, sino también para contrarrestar la gran cantidad de renuncias que han ocurrido recientemente en la agencia. Dijo que, de unas 230 plazas de fiscales, actualmente hay unas 79 vacantes.
Se trata de profesionales del derecho que no reciben un aumento en décadas, según un comunicado de prensa.
En la reunión celebrada el pasado jueves participaron el director ejecutivo del ente fiscal, Robert F. Mujica, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, la subsecretaria de Justicia, Mónica Rodríguez Madrigal, la jefa de los fiscales, Jessika Correa González, así como fiscales de distrito y los representantes de los procuradores de asuntos de familia y registradores de la propiedad.
«Cada uno de los miembros del Departamento presente en la reunión expuso en detalle las funciones del cargo, así como los riesgos, sacrificios, carga de trabajo, condiciones del empleo, necesidad de personal y estadísticas sobre la incidencia de delitos, entre otros aspectos importantes que la JSF debe tomar en consideración al completar su análisis», expresó en declaraciones escritas el presidente de la Asociación de Fiscales.
«Obtuvimos el compromiso de la JSF de que este asunto se atenderá durante el mes de junio y estamos sumamente confiados en que entendieron la necesidad de que estos funcionarios, que todos los días luchan contra la criminalidad, procuran que se haga justicia y velan por el fiel cumplimiento de las leyes en Puerto Rico, finalmente reciban el aumento salarial que merecen», indicó la licenciada Grace Casanova Castro, procuradora y portavoz del grupo de Coordinadores del Ministerio Público.
En el cónclave se estableció que en otras jurisdicciones no existen figuras equivalentes a los fiscales, procuradores y registradores del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Se destacó que los fiscales en Puerto Rico acuden a las escenas de crímenes violentos y evalúan querellas y órdenes de registro las 24 horas del día, todos los días.
De igual forma, se dialogó sobre los riesgos a los cuales se exponen todos estos funcionarios en el cumplimiento de su deber, trayendo a la atención las amenazas de muerte que varios de los presentes han recibido a través de los años.
Mientras, el procurador de asuntos de familia lleva a cabo funciones como abogado de parte, fiscal en el área civil, defensor judicial y como representante del interés del menor en los casos de maltrato.
Se informó que el Registro de la Propiedad está en cumplimiento con los términos y el plan trazado para tener al registro al día. Además, el registro ha producido sobre $89 millones en recaudos y ha generado $32.6 billones en transacciones en la industria de bienes raíces que han sido evaluadas por los registradores.
Se compartieron las estadísticas del Departamento las cuales reflejan el cúmulo de trabajo realizado por estos funcionarios, los casos activos, casos radicados, casos asignados por fiscal o procurador, entre otros. Se informó que se obtuvo un 97% de convicciones, así como que cada fiscal y procurador maneja sobre 500 casos.