El presidente Donald J. Trump firmó una nueva Orden Ejecutiva que elimina el uso de fondos federales para financiar o promover el aborto.
La orden ejecutiva busca restaurar las políticas alineadas con la Enmienda Hyde, una medida aprobada hace casi cinco décadas por el Congreso que prohíbe el uso de fondos federales para el financiamiento de abortos.
Trump señaló que su decisión «responde a los esfuerzos de la administración anterior de incorporar el financiamiento del aborto en diversos programas gubernamentales, violando los principios establecidos por la Enmienda Hyde».
La Orden Ejecutiva revoca las siguientes medidas implementadas previamente:
Orden Ejecutiva 14076: Que promovía la financiación del aborto y ampliaba la aplicación de la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas a las Clínicas (FACE).
Orden Ejecutiva 14079: Que redefinía el aborto como «atención médica». La orden permitía el uso de fondos de Medicaid en los costos relacionados con el aborto, incluso para viajes.
A pesar de estas revocaciones, se aseguró que estatutos como la Ley de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia (EMTALA) y las protecciones de privacidad bajo la Ley HIPAA continúan vigentes.
Trump también restableció la Política de la Ciudad de México, prohibiendo el uso de fondos federales en organizaciones extranjeras que realicen o promuevan abortos.
Esta política, inicialmente reinstaurada por Trump en 2017, se amplió para incluir toda la asistencia sanitaria mundial, sin afectar la salud de las mujeres, según un informe de USAID de 2020.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó en el 2022 Roe v. Wade, caso que sentó las bases para que el aborto por elección fuera legal en Estados Unidos.
Contexto del caso
En la década de 1960, durante el movimiento por los derechos de las mujeres, los casos judiciales relacionados con los anticonceptivos sentaron las bases para el caso Roe vs. Wade.
En el 1965, el Tribunal Supremo decidió en Griswold vs. Connecticut que la Constitución de Estados Unidos protege la libertad de las parejas casadas para comprar y utilizar anticonceptivos sin restricciones gubernamentales.
¿Cuál es el estado de derecho actual sobre el aborto en Puerto Rico?
Pueblo v. Duarte es un caso del 1980 que implica la radicación de cargos criminales contra un médico, quien le practicó un aborto a una adolescente de 16 años.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó la sentencia, y avaló el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Interpretó, además, de manera amplia el concepto de salud que aparece en el Código Penal de Puerto Rico, para que incluyese la salud física y la mental.
