Proyecto de la Cámara 1248 revisaría la competencia original y apelativa del Tribunal Supremo de Puerto Rico (descargar en *.PDF)

Proyecto de la Cámara 1248 revisaría la competencia original y apelativa del Tribunal Supremo de Puerto Rico (descargar en *.PDF)

Proyecto de la Cámara 1248 revisaría la competencia original y apelativa del Tribunal Supremo de Puerto Rico (descargar en *.PDF)

AUTOR: Rep. Jaime R. Perelló Borrás, Rep. Miembros del PPD

DESCARGAR PROYECTO (*.PDF)

TÍTULO: Para derogar el Artículo 3.002 de la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sustituir por un nuevo Articulo 3.002; derogar los incisos (b) y (d) de la Regla 52.2 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, según enmendada, y sustituir por nuevos incisos (b) y (d); a los fines de revisar la competencia original y apelativa del Tribunal Supremo de Puerto Rico; y para otros fines.

AUTORES: Rep. Jaime R. Perelló Borrás, Rep. Miembros del PPD

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, basada en el sistema de gobierno republicano de separación de poderes, establece la facultad de la Asamblea Legislativa para crear leyes. Específicamente, la Sección 19 del Artículo III de nuestra Ley Suprema establece que cualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara se convertirá en ley una vez el Gobernador lo firme. De las tres ramas de gobierno, es la única con la facultad de legislar.

Por otro lado, el Artículo V de nuestra Constitución regula todo lo concerniente al Poder Judicial. La Sección 2 de dicho artículo establece, en lo pertinente, que “[l]a Asamblea Legislativa, en cuanto no resulte incompatible con esta Constitución, podrá crear y suprimir tribunales, con excepción del Tribunal Supremo, y determinará su competencia y organización.” Sin duda alguna, dicha cláusula le otorga, de manera expresa, el poder a la Asamblea Legislativa para determinar la competencia y organización del sistema judicial de Puerto Rico.

Por su parte, la Sección 5 del Artículo V dispone que “[e]l Tribunal Supremo, cada una de sus salas, así como cualquiera de sus jueces, podrán conocer en primera instancia de recursos de hábeas corpus y de aquellos otros recursos y causas que se determinen por ley.” Así pues, de un análisis de las secciones contenidas en el Artículo V de nuestra Constitución, como un todo, surge que la intención de nuestra Asamblea Constituyente fue facultar a la Legislatura, en el contexto democrático del sistema de separación de poderes que gobierna en Puerto Rico, a determinar la competencia y organización de los Tribunales, incluido el Tribunal Supremo.

A base de tales poderes constitucionales, la Asamblea Legislativa ha decretado diversas legislaciones para modificar la competencia y estructura de nuestro sistema judicial de acuerdo a las circunstancias de cada época. Por ejemplo, durante el periodo del 1990 al 1995, se aprobaron seis leyes que modificaron sustancialmente la competencia judicial. Más adelante en el 2003, mediante la aprobación de la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como la “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, se limitó la competencia apelativa del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Recientemente, en virtud de la Ley 220-2009, según enmendada, se aprobaron las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, las cuales rigen de forma que garanticen una solución justa, rápida y económica de todos los procesos. A estos fines, mediante la Regla 52.2 de Procedimiento Civil de 2009 se limitó la competencia del Tribunal de Apelaciones para revisar, mediante el recurso de certiorari, decisiones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. De esta manera, la Asamblea Legislativa garantizó que el recurso de certiorari sea un remedio extraordinario; no un remedio para dilatar y afectar la economía procesal.

Esta Asamblea Legislativa, dentro de sus poderes constitucionales expresamente otorgados, entiende necesario enmendar el Artículo 3.002 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Regla 52.2 de Procedimiento Civil para nuevamente, garantizar la eficiencia de los procesos judiciales y promover la economía procesal, no sólo en términos de agilización de los procesos, sino también para que se puedan dilucidar adecuadamente los méritos de las controversias judiciales.

Es la intención de esta Asamblea Legislativa enmendar la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para limitar la competencia original del Tribunal Supremo al recurso de hábeas corpus, el cual es el mínimo establecido por la Sección 5 del Artículo V de la Constitución. Además, es el objetivo de esta Asamblea Legislativa enmendar dicha ley para modificar la competencia apelativa del Tribunal Supremo a los fines de evitar dilaciones y costos que atenten contra la económica procesal y la resolución rápida de los casos, así como fomentar que los procesos judiciales se ponderen en sus méritos de forma adecuada. Mediante la presente ley, se persigue limitar la competencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico para revisar las actuaciones interlocutorias del Tribunal de Apelaciones en casos civiles y las sentencias y resoluciones del Tribunal de Apelaciones sobre asuntos de naturaleza interlocutoria procedentes del Tribunal de Primera Instancia en casos civiles. Ello, de forma muy similar a las limitaciones ya establecidas por la Asamblea Legislativa en las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 a la competencia del Tribunal de Apelaciones para revisar las decisiones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. Lo anterior está a tono con la naturaleza extraordinaria del recurso de certiorari.

Cónsono con estos principios de eficiencia procesal, también es la intención de esta Asamblea Legislativa modificar el recurso de certificación intrajurisdiccional contenido en la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, con el propósito de fomentar que los casos se diluciden adecuadamente mediante los procedimientos ordinarios judiciales y, más aún, para asegurar que al atender un caso, el Tribunal Supremo tenga ante sí la prueba presentada por las partes en apoyo a sus alegaciones.

De interés: Gobernador responde a la más reciente decisión del Supremo acerca de la Ley 18 (11 de junio de 2013)