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El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que un juez no puede imputar “capacidad económica” como sanción por incumplir con el descubrimiento de prueba en un caso de pensión alimentaria. El alto foro reiteró que aceptar capacidad económica es un acto estrictamente voluntario.
El Supremo revocó una decisión de Apelaciones por considerar que con su actuación de denegar un certiorari ocurría un “fracaso de la justicia”
La fianza de no residente dispuesta en la Regla 69.5 de Procedimiento Civil es incompatible con el procedimiento sumario laboral.
El Supremo determinó que los límites de responsabilidad de los Centros Médicos Académicos Regionales no aplican a las aseguradoras y reiteró principios clave del derecho de seguros en Puerto Rico.
La restauración de la estructura de tres salas en el Tribunal Supremo no solo refuerza la organización interna del foro judicial, sino que también tiene un impacto directo en el desarrollo de la jurisprudencia y el acceso a la justicia.
Igualmente, el Senado confirmó a los secretarios de Educación, DDEC, Hacienda, DTOP y a la administradora de ASUME