¿En problemas de acreditación la acreditadora?

Por el Lcdo. Fernando Moreno Orama
Decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico

¿Qué es la ABA y cuál es su función en el mundo de la educación jurídica?

Desde hace poco más de 100 años, la American Bar Association (ABA) ha tenido un rol central en la regulación y acreditación de la educación jurídica en los Estados Unidos y Puerto Rico. En 1921 adoptó sus primeros estándares para la educación jurídica y comenzó a publicar una lista de escuelas aprobadas. Desde 1952, el Council of the Section of Legal Education and Admissions to the Bar —al que en adelante llamaré simplemente el Council— es reconocido por el Departamento de Educación federal como la agencia acreditadora de los programas conducentes al grado de Juris Doctor. Aunque comúnmente hablamos de “acreditación de la ABA”, técnicamente es el Council, y no la ABA como organización, el ente acreditador reconocido por el gobierno federal, aunque el Council es parte de la ABA.

Es común que las escuelas profesionales, como lo son las facultades de Derecho, sean acreditadas por entes con conocimiento específico de la materia y no únicamente por las agencias acreditadoras institucionales, pues se busca dar ciertas garantías sobre la calidad de los programas profesionales a los estudiantes actuales y futuros. Además, les corresponde a estas agencias crear los estándares requeridos para recibir y mantener la acreditación. El reconocimiento federal de las agencias acreditadoras también permite, en determinadas circunstancias, que su acreditación sirva como vínculo para que las instituciones académicas tengan acceso a fondos federales para becas, préstamos e investigaciones, entre tantos otros.

¿Quién vela por las acreditadoras?

Cada cierto tiempo, las agencias acreditadoras tienen que pasar por un proceso para renovar su reconocimiento ante el Departamento de Educación y, como parte de ese proceso, comparecen ante el National Advisory Committee on Institutional Quality and Integrity (NACIQI). El rol de NACIQI, como lo dice su nombre, es asesorar al Departamento de Educación sobre las agencias acreditadoras y si estas deben seguir recibiendo el reconocimiento federal. En otras palabras, para fines prácticos, NACIQI es la acreditadora de las agencias acreditadoras y vela porque los estándares y procesos utilizados por estas cumplan, a su vez, con las leyes y reglamentaciones federales.

¿En problemas de acreditación la ABA?

Luego de una vista esta semana que duró más de siete horas, en la que expusieron tanto funcionarios del Departamento de Educación federal como varios representantes del Council, los miembros de NACIQI no pudieron llegar inicialmente a una recomendación por estar igualmente divididos. Una propuesta para extender por un año el reconocimiento del Council, mientras se le permitía subsanar las deficiencias señaladas por el Departamento, terminó en un empate 8 a 8. Tampoco prosperó una propuesta para recomendar que se le retirara el reconocimiento. Al día siguiente, NACIQI finalmente decidió no emitir recomendación alguna. Ante ese escenario, la decisión está ahora en manos del Departamento de Educación, específicamente del funcionario superior encargado de tomar la determinación inicial sobre el reconocimiento.

¿Qué señalamientos se hicieron a la ABA?

En esencia, aunque todo esto tiene un trasfondo político evidente, uno de los principales argumentos contra el Council se basa en la exigencia federal de que una agencia acreditadora vinculada a un gremio o asociación profesional opere de forma separada e independiente de ese gremio. La regulación federal establece varios criterios específicos para determinar esa independencia, incluyendo la composición del cuerpo decisional, el presupuesto, el manejo de conflictos de interés y la relación administrativa entre ambas entidades.

A juicio de los funcionarios del Departamento, la relación entre el Council y la ABA no cumple adecuadamente con esos requisitos de independencia y, además, provoca que el Council no tenga la flexibilidad necesaria para adaptarse a cambios en la regulación dentro de un tiempo razonable. Entre otras cosas, el Departamento ha cuestionado la participación de estructuras de la ABA en ciertos procesos administrativos y la intervención de la House of Delegates en la consideración de cambios a los estándares.

Además, los funcionarios del Departamento de Educación cuestionaron fuertemente el Standard 206, que trataba sobre diversidad e inclusión en las escuelas de Derecho. Como es conocido, en 2023 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió en Students for Fair Admissions v. Harvard que los programas de admisión utilizados por Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, que consideraban la raza de los solicitantes, violaban los límites constitucionales y estatutarios aplicables. La decisión no invalidó de manera general todas las políticas de diversidad, pero sirvió de fundamento para cuestionar estándares que pudieran exigir prácticas incompatibles con lo resuelto por el Tribunal.

El Standard 206 llevaba suspendido desde 2025 y el Council extendió esa suspensión hasta agosto de 2026. Finalmente, el 8 de septiembre de 2026, apenas unas semanas antes de la vista ante NACIQI, el Council eliminó completamente el estándar.

El Council, en su defensa, sostuvo que sí opera de manera independiente de la ABA y que, aunque comparten el nombre y ciertos recursos administrativos, la ABA no tiene ninguna injerencia real en los procesos de evaluar y acreditar las escuelas de Derecho. Argumentó también que el informe del Departamento de Educación levanta algunos cuestionamientos por primera vez y que lo que corresponde es darle tiempo para subsanar cualquier señalamiento, tal como se hace rutinariamente con otras agencias acreditadoras.

¿Qué va a pasar ahora?

No se sabe. Se puede especular, sin embargo, que el panorama para la ABA no es muy alentador. El presidente Trump ya había instruido, mediante orden ejecutiva, al Departamento de Educación a evaluar si los requisitos relacionados con diversidad impuestos por ciertas agencias acreditadoras, incluyendo expresamente el Council de la ABA, justificaban suspender o terminar su reconocimiento federal. Posteriormente, los funcionarios del Departamento recomendaron precisamente que no se renovara el reconocimiento del Council. Eso es, en buena medida, lo que estamos viendo desarrollarse ahora.

¿Qué efecto tiene en las escuelas de Derecho?

Aparentemente, para la gran mayoría, ninguno significativo de forma inmediata. En Puerto Rico, las tres escuelas de Derecho son parte de universidades que cuentan con acreditación institucional de la Middle States Commission on Higher Education, por lo que el acceso de nuestras universidades a fondos federales no depende exclusivamente de la acreditación del Council.

De hecho, en este momento existen 198 instituciones y programas aprobados por el Council para conferir el grado de Juris Doctor. El propio Departamento de Educación aclara que solamente las escuelas de Derecho independientes o freestanding pueden utilizar directamente la acreditación del Council para establecer su elegibilidad para participar en los programas de ayuda federal de Title IV. Por lo tanto, la pérdida del reconocimiento federal tendría consecuencias mucho más inmediatas para ese grupo reducido de cinco instituciones independientes que para las escuelas afiliadas a universidades acreditadas institucionalmente.

¿Y por qué esto importa?

Porque el valor de la acreditación de la ABA no viene exclusivamente de su reconocimiento por parte del Departamento de Educación, sino también del rol que históricamente le han reconocido los tribunales supremos y las autoridades de admisión de las distintas jurisdicciones de los Estados Unidos. Durante décadas, la acreditación de una escuela por el Council ha servido como una especie de denominador común para determinar si un aspirante cumple con el requisito de educación jurídica necesario para solicitar admisión a la profesión. La propia ABA reconoce que una de las funciones históricas principales del Council ha sido precisamente acreditar escuelas para beneficio de los tribunales supremos estatales y demás autoridades encargadas de admitir abogados.

Aquí, en Puerto Rico, el requisito de formación en una escuela aprobada por la ABA aparece tanto en la Ley Núm. 17 de 1939, recientemente enmendada por la Ley 189-2026, como en la Regla 4.1.1(b) del Reglamento para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría. La Ley mantiene una referencia a estudios en una institución aprobada por la ABA, mientras que el Reglamento del Tribunal Supremo dispone que el aspirante debe haber obtenido su grado en una escuela de Derecho aprobada por la ABA o por el Tribunal.

La pérdida de reconocimiento por parte del Departamento de Educación ciertamente pondría al Council y a la ABA en una posición difícil, pero entonces la batalla pasaría a cada tribunal supremo estatal para determinar qué valor continuará dándole a esa acreditación como requisito de admisión. Es precisamente esa aceptación generalizada la que, en la práctica, les ha dado a los diplomas de Juris Doctor de escuelas acreditadas por la ABA un alto grado de portabilidad entre las distintas jurisdicciones de los Estados Unidos.

Y ese proceso ya comenzó. Texas reafirmó recientemente la autoridad de su Tribunal Supremo sobre la lista de escuelas aprobadas y dispuso expresamente que la pérdida de acreditación de la ABA no será, por sí sola, razón suficiente para remover una escuela de esa lista. Florida aprobó un sistema más amplio de reconocimiento de escuelas que entrará en vigor el 1 de octubre de 2026. Alabama adoptó cambios que entrarán en vigor el 1 de enero de 2027, mientras que Ohio y Tennessee han estado estudiando alternativas al modelo actual.

Todo esto, probablemente, también abrirá las puertas a nuevos acreditadores que se aventuren a llenar cualquier vacío que pueda dejar la ABA. Y quizás ahí esté la verdadera importancia de esta controversia: no solamente en determinar quién acredita hoy a las escuelas de Derecho, sino en decidir si estamos comenzando a desmontar un sistema que durante décadas permitió que casi doscientas escuelas de Derecho y decenas de jurisdicciones distintas hablaran, para efectos de educación jurídica y admisión a la profesión, un mismo idioma.

En Puerto Rico tenemos que prestar atención a estos temas e ir creando espacios de debate y trabajo para que estos cambios no tengan efectos negativos en nuestra jurisdicción. Otros movimientos en los temas de reválida y modelos alternativos de licenciamiento también están desarrollándose rápidamente y prometen, junto con los cambios en asuntos de acreditación, reconfigurar el ecosistema jurídico, por lo menos en sus etapas iniciales.

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