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La medida legislativa establece política pública para reconocer a los albergues de sobrevivientes de violencia de género como servicio esencial para la preparación, respuesta y recuperación de emergencias socioambientales; de salud pública como epidemias o pandemias; fenómenos naturales u otras emergencias que requieran trabajar con seres humanos afectados.
Esta legislación tiene el propósito de que las personas convictas por delito de agresión sexual o pornografía infantil no puedan cualificar para la consideración de los diversos tipos de privilegios que se conceden por la Junta de Libertad Bajo Palabra.
Los acuerdos anunciados junto a la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez; el secretario del DSP, Alexis Torres Ríos y el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, entran en vigor de manera inmediata.
Se busca excluir de consideración de libertad bajo palabra a las personas convictas bajo cualquiera de los códigos penales, vigente o previos.
En 2004, un grupo de mujeres fundó Proyecto Matria con el fin de trabajar con sobrevivientes de violencia doméstica y buscar oportunidades para alcanzar la independencia en todos los ámbitos.
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