El Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR) refirió ayer al Departamento de Justicia prácticas antiéticas de bufetes y abogados extranjeros, algunos sin licencia para practicar en la Isla, que invitan y solicitan clientes potenciales en torno a la controversia de los inversionistas de la casa de corretaje UBS.
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En adición a la falta de licencia para ejercer la profesión legal, estos bufetes extranjeros en ocasiones se asocian con abogados locales para ofrecer representación a los inversionistas afectados, publican anuncios engañosos en la prensa local, y solicitan clientes por las redes sociales, en violación de los cánones éticos que rigen la profesión legal en Puerto Rico. Tan reciente como el mes de agosto de 2013 el Tribunal Supremo de Puerto Rico, foro que regula la abogacía en la Isla, determinó que «los abogados que comparezcan ante un procedimiento de arbitraje en esta jurisdicción sin la debida autorización serán referidos al Secretario de Justicia y al máximo foro de la jurisdicción en donde sí están admitidos para que estos tomen las acciones pertinentes» (Ver: In re Alam M. Wolper; Nathan Lamb; Adam Tullier).
La anterior práctica, además de anti-ética, va en detrimento de los llamados inversionistas y de la profesión legal en Puerto Rico. Por un lado, desatienden los cánones éticos para contratar bajo condiciones onerosas e ilegales en la Isla y no velan adecuadamente por los derechos de sus clientes al representarlos sin una licencia válida. De otro lado, los abogados de Puerto Rico que promueven esta práctica ignoran un sinnúmero de reglas éticas al asociarse con personas no autorizadas para ejercer la profesión, anunciarse públicamente sin observar los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo y se exponen a serias sanciones disciplinarias.
La situación en torno a las posibles acciones legales contra UBS aparenta ir en aumento, lo que potencialmente podría acentuar la entrada de abogados no admitidos al ejercicio de la profesión en nuestro foro en busca de clientes incautos.
Es por lo anterior que el CAPR solicitó formalmente al Departamento de Justicia que investigue esta situación para que se hagan cumplir las leyes y Cánones de Ética vigentes para el ejercicio de la abogacía en Puerto Rico. El CAPR alerta a la ciudadanía a ser cautelosa al contratar a través de estos anuncios u orientaciones comunes, y exhorta a los abogados en Puerto Rico a velar por la conducta ética.
Como parte de la denuncia, el CAPR organizará orientaciones para la ciudadanía y profesionales del derecho sobre responsabilidades éticas en el proceso contratación, además de campañas informativas en distintos medios, incluyendo las redes sociales.