Supremo evalúa defensa de evidencia inadmisible fruto de un registro ilegal

Partes: Alberto L. Acarón Montalvo, Carlos R. Wiscovitch Teruel, Recurridos v. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Peticionarios

Este caso trata sobre requisitos y allanamientos bajo el Derecho Constitucional.

“La Oficina del Procurador General, en representación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA) (peticionaria), nos solicita que revoquemos la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 28 de febrero de 2011. Mediante el referido dictamen se revocaron las multas que vigilantes de esa agencia le impusieron a los cazadores Alberto L. Acarón Montalvo y Carlos R. Wiscovitch (recurridos). Sostuvo el foro a quo que los vigilantes violaron la disposición constitucional que prohíbe los registros y allanamientos irrazonables, y además, que no existía prueba en el expediente administrativo que sostuviera las faltas imputadas. Señala la peticionaria que era imperativo esgrimir como cuestión de umbral si los cazadores podían impugnar el allanamiento realizado.”

“Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la sentencia del Tribunal de Apelaciones para disponer que los recurridos no tienen legitimación para solicitar el archivo de las faltas administrativas fundamentándose en una violación al derecho constitucional que prohíbe los registros y allanamientos irrazonables. Esto así, toda vez que no poseían una expectativa razonable de intimidad ni interés alguno sobre la finca allanada. Así modificado, se confirma el dictamen recurrido.”

Lea el documento completo: [2012TSPR134]

Los abogados de la Oficina del Procurador General fueron el Lcdo. Luis Román Negrón, Procurador General. y la Lcda. Lizette Mejías Avilés, Procuradora General Auxiliar.

Los abogados de la parte recurrida fueron el Lcdo. Oscar Acarón Montalvo, y el Lcdo. Luis Ortiz Guadalupe.

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