Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico

Se expresa el Tribunal Supremo sobre proceso de ejecución de orden emitida por DACO

DACOPartes: Ramón Ortiz Matías, et al., Recurridos v. Mora Developmet Corp., et al., Peticionarios

Este recurso nos brinda la oportunidad de expresarnos sobre el procedimiento a seguir para hacer cumplir una orden o resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). En específico, debemos determinar (1) si la parte beneficiada por una resolución del DACO puede acudir directamente al Tribunal de Primera Instancia mediante demanda para solicitar la puesta en vigor de la resolución y, de contestar en la afirmativa, (2) qué remedios procesales tiene disponible para hacer que se cumpla la resolución del DACO.

La facultad del Secretario del DACO para recurrir a los tribunales para solicitar la puesta en vigor de cualquier orden o resolución administrativa es una potestativa, no exclusiva, por lo que no limita el derecho de la parte beneficiada por una determinación administrativa de hacer lo mismo. Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, supra, en la pág. 231. Así pues, el foro de primera instancia tenía jurisdicción para atender la demanda de ejecución presentada.

En vista de lo anterior, resta poner en vigor el mandato administrativo a través del foro judicial. Para esto, según examinado, el foro de primera instancia posee una amplia jurisdicción que le permite implantar cualquier remedio que estime pertinente ante el incumplimiento por Mora y Builders de la resolución emitida por el DACO. Díaz Aponte v. Comunidad San José, Inc., supra, en las págs. 811-812. Hoy resolvemos que esa potestad no se limita a las órdenes del DACO en controversias al amparo de la Ley de Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. secs. 1291 et seq. Esto es lógico ante la jurisdicción general que posee el Tribunal de Primera Instancia. Por tal razón, el Tribunal de Apelaciones concluyó acertadamente que la determinación tomada por el Tribunal de Primera Instancia de denegar la Moción de Desestimación y continuar con los procedimientos no ameritaba su intervención.

Lea el documento completo: [2013TSPR7]

El abogado de la parte peticionaria fue el Lcdo. Juan Carlos Garay Massey.

El abogado de la parte recurrida fue el Lcdo. Armando Jiménez Laureano.

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