Cárcel sin remedio por delitos graves bajo la Ley de Armas

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Enmienda las Reglas de Procedimiento Criminal, Regla 72, y la Ley de Armas. Establece requisitos para las alegaciones preacordadas en casos bajo la Ley de Armas. Dispone que las personas convictas de delitos graves bajo la Ley de Armas no tendrán derecho a sentencia suspendida ni derecho a beneficios de programa de desvío alguno o bonificaciones. Modifica y/o elimina algunas modalidades de delitos menos graves, y determina el monto de la multa por incurrir en falta administrativa. Decreta una nueva amnistía general para la entrega de armas de fuego ilegales. Ordena que la Policía de Puerto Rico y el Instituto de Ciencias Forenses lleven a cabo una investigación sobre la procedencia de las armas de fuego entregadas durante la amnistía general.

A pesar de que la tasa de asesinatos en Puerto Rico ha disminuido durante los últimos meses, Puerto Rico continúa teniendo una de las tasas de asesinato más altas del mundo. La ola de violencia está afectando a nuestra sociedad, independientemente de criterios de clase social, nivel de educación y lugar de residencia. Comunidades que antes eran seguras han dejado de serlo, lo que ha provocado que todos seamos potenciales víctimas de incidentes que amenacen nuestra seguridad.

 Son múltiples las razones por las cuales tenemos un índice de criminalidad tan elevado. Entre éstas, se encuentran el sentido de impunidad general, la falta de esclarecimiento de casos, el desempleo, la deserción escolar y el flujo de armas ilegales. En muchas instancias, una persona convicta por violación a la referida Ley de Armas deja de cumplir la pena de reclusión que corresponde bajo esa Ley, debido a que la sentencia es el resultado de una alegación preacordada o debido a que cualifica para someterse a un programa de desvío, sentencia suspendida o libertad bajo palabra.

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