Demanda por discrimen político contra Educación parcialmente desestimada

Descarga el documento: Rodríguez-Ramos et al v. Department of Education for the Commonwealth of Puerto Rico

Josefina Arroyo Saurí, Luis Rodríguez Ramos, Juan del Valle Meléndez y Carmen Rosa García, los peticionarios, son empleados de carrera del Departamento de Educación de Puerto Rico. Estos demandaron al Departamento de Educación y a varios de sus funcionarios, alegando que fueron víctimas de discrimen en el empleo por razón de su afiliación al Partido Popular Democrático. Según alegan, el discrimen surgió mediante la imposición de condiciones de trabajo inferiores y removiéndoles de sus puestos a otros de menor jerarquía.

El Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico le concedió una moción de sentencia sumaria parcial a la parte demandada, determinando que algunos de los reclamos estaban fuera de término y que en otros se había fallado en probar los cuatro elementos de un caso prima facie de discriminación por razón de ideas políticas. El tribunal además determinó que los peticionarios fallaron en establecer que la afiliación política fue un factor sustancial o motivante para las acciones que se alegaron.

Los peticionarios alegan que el tribunal erró en su análisis sobre el caso prima facie de discrimen por afiliación política y en su determinación de que no ocurrió ninguna acción adversa en el empleo a estos bajo la Regla 59(e).

La Regla 59(e) establece que una moción se declarará ha lugar si se cumple con alguno de los siguientes requisitos:

  1. cuando es necesario para corregir errores de hechos o derecho manifiestos que hayan sido base para la sentencia
  2. para presentar nueva evidencia que haya sido descubierta
  3. cuando es necesario para prevenir una injusticia manifiesta
  4. cuando hay un cambio interventor en la ley

El Tribunal Federal ha enfatizado que esta regla no provee un vehículo a la parte para eliminar sus propios desaciertos procesales y tampoco permite que una parte introduzca nueva evidencia o argumentos que pudieron haber sido presentados con anterioridad.

Los peticionarios alegan que de no considerarse la moción se cometería una injusticia manifiesta.

Determinaciones:

Los peticionarios alegan que a base del caso García González v. Puig Morales, se sostiene su propuesta del conocimiento sobre sus afiliaciones políticas puede ser conocido por diversas fuentes. Aunque la parte peticionaria lo alegó inicialmente, el Tribunal Federal determinó que contrario al caso citado, la evidencia sobre dicha alegación era contundente y se reflejaba en el récord y no sólo se basaba en el propio testimonio del demandante. El tribunal expresó que la alegación del conocimiento de la afiliación política puede ser comunicado de una persona a otra sólo porque “es información vastamente conocida en el espacio de trabajo” ha sido constantemente rechazada por la corte. La falta de evidencia sobre esta alegación es precisamente un fallo de la parte demandante y no puede pretender remediarlo mediante una moción bajo la regla 59(e).

A la luz del caso Agosto de Feliciano v. Aponte Roque los peticionarios también alegaron que se les habían reasignado tareas por causa de su afiliación política, y que el privarle de sus responsabilidades y dejarle sin tareas reales constituyen condiciones de trabajo inferiores e irrazonables. No obstante, el tribunal decidió que dicha alegación no se sostiene pues los peticionarios Arroyo Saurí y Rosa García fueron reinstaladas a posiciones que ocupaban anteriormente (Arroyo Saurí fue reinstalada con algunas funciones diferentes y Rosa García fue trasladada a un lugar de trabajo más cerca de su hogar luego de que ella misma hubiera solicitado el traslado). Según la evidencia, a ninguna de ellas se le redujo su salario o se les reemplazó.

Sobre los otros dos peticionarios, Del Valle Meléndez y Rodríguez Ramos, se determinó que como estos no eran empleados de carrera al momento de aceptar el cambio de puesto, no tenían derecho a ser reinstalados en la posición de Superintendente de Escuela, posición que ocupaban ambos antes del cambio de puesto. El único requisito que establece la ley cuando se restablezca un empleado de confianza es que será reintegrado a la última posición de carrera que ocupaba o una posición similar, junto con todos los beneficios de clasificación y sueldo que se derivan del mismo. Del Valle Meléndez fue Director de la Escuela III y fue reinstalado como director de la escuela secundaria de segundo nivel, pero con un salario más alto y Rodríguez Ramos fue Director de la Escuela Primaria III y fue reintegrado a la posición exacta.

Reseña por Cristian González

 

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