El proceso de mediación en la normativa del Tribunal Supremo

El proceso de mediación en la normativa del Tribunal SupremoLa mediación es el proceso de intervención, no adjudicativo ni adversativo, en el cual un mediador o mediadora ayuda a las personas en conflicto a lograr un acuerdo que les resulte aceptable mutuamente y que finalice el conflicto en cuestión. Es un proceso informal y más rápido que el procedimiento judicial.

Es importante subrayar que la política pública del Tribunal Supremo de Puerto Rico incluye el fomentar la utilización de mecanismos complementarios al sistema adjudicativo tradicional, con el fin de impartir justicia de una forma más eficiente, rápida y económica. Para ello, creó el Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos adscrito a esa misma entidad. El Negociado tiene como principales funciones: (1) servir como recurso para la educación e investigación sobre los métodos alternos para la solución de conflictos; (2) proveer asistencia técnica a los programas, servicios o centros de métodos alternos para la solución de conflictos; (3) proveer asistencia técnica a los programas; (4) servicios o centros de métodos alternos para la solución de conflictos; y (5) proveer adiestramiento y certificación a los interventores e interventoras.

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La atención de un caso desde la óptica de la mediación sucede a partir del referido de un magistrado a petición de una parte o por iniciativa propia. El caso puede ser referido en su totalidad o por partes y para ello el juez tiene total discreción sobre cuál es el momento adecuado para así hacerlo. Antes de llevar a cabo dicho referido, el tribunal debe considerar unas guías establecidas por el Reglamento de Métodos Alternos de la Rama Judicial de Puerto Rico. Además, se requiere que el juez estudie el expediente y examine las partes antes de tomar una decisión. Sólo pueden llevarse a mediación los casos civiles y los casos criminales de naturaleza menos grave que sean transigibles de acuerdo a las Reglas de Procedimiento Criminal. Los criterios generales que debe considerar el tribunal son: (1) la naturaleza del caso; (2) la naturaleza de la relación entre las partes; (3) la disposición de las partes para negociar; (4) la posibilidad de que la litigación afecte adversamente la relación; (5) los riesgos a la integridad física de los participantes o la mediadora y (6) los costos y riesgos de la litigación.

Otro asunto importante a considerarse, además de estos factores, lo es la disponibilidad material de las partes a someterse al proceso de mediación. Es necesario que todas las partes afectadas por el conflicto participen y suscriban el acuerdo. En todos los casos que se refieran a un centro, programa o servicio de métodos alternos para la solución de conflictos de la Rama Judicial, el interventor o la interventora neutral será designado(a) de conformidad con la reglamentación y las normas internas que adopte el Negociado. En todos los demás casos, las partes seleccionarán por acuerdo al interventor neutral del Registro del Negociado, de acuerdo a como se establece en el Reglamento de Métodos Alternos.

Tanto para los tribunales como para las partes, acudir a los métodos alternos de resolución de disputas tiene considerables beneficios en contraposición al ámbito litigioso. Mientras que para el tribunal, se reduce el volumen de trabajo, para las partes acelera la tramitación del caso, confiere privacidad al procedimiento y la disputa es resuelta con la participación de todos y la mediación de un experto en la materia y conciliador en los puntos de vista.

Referencias

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