¿Inconstitucional no poner porcentaje del IVA en el recibo de compra?

por Joel Pizá Batiz

¿Inconstitucional no poner porciento del IVA en el recibo de compra?Imaginemos que un comerciante posee una tienda cuyo nombre es “Always 89”. Su estrategia de mercadeo y operación de negocio es no vender productos que excedan dicha cantidad. La legislatura aprueba el IVA, el Gobernador firma el proyecto y se convierte en ley. El comerciante desea hacerle saber a sus clientes, a través del recibo de compra, el porcentaje del IVA para que sus clientes no piensen que él está subiendo los precios. ¿Lo podría hacer? Como está redactado actualmente el Proyecto de Senado 1304 es ilegal y conlleva una multa.

Imaginemos otro ejemplo. Un comerciante desea realizar una venta especial de un 50% de descuento. No desea afectar su margen de ganancia y su credibilidad frente sus clientes y notifica a sus clientes, a través del recibo de compra, el porcentaje del IVA para que estos sepan por qué pagarán más del 50% manifestado en la publicidad ¿Lo podría hacer? Como está redactado actualmente el Proyecto de Senado 1304 es ilegal y conlleva una multa.

La sección 4030.02(c) dispone: “Ventas al detal.- Un comerciante vendrá obligado a entregarle a un comprador en una venta al detal un recibo, factura, boleto u otra evidencia de venta que evidencie conjuntamente (no por separado) el precio del bien o servicio vendido y el impuesto de valor añadido aplicable a dicha venta. No obstante, el Secretario queda facultado para emitir cualquier documento oficial para establecer que dicho impuesto puede ser presentado por separado en cualquier recibo, factura, boleto u otra evidencia de venta”.

Por otro lado, la sección 6046.01(c) impone multa administrativa no menor de cien (100) dólares por cada infracción, o sea por cada anuncio, recibo, factura, boleto u otra evidencia de venta que incumpla con lo establecido en la sección 4030.02(c).

Ahora imaginemos que un comerciante desea presentar un anuncio de televisión que diga que las ventas de los televisores marca X estarán por una semana en $500. El comerciante manifiesta en dicho anuncio que el precio no incluye el IVA para que cuando el cliente visite la tienda y pague, no se asombre que pagó mayor cantidad que lo que dice el anuncio. ¿Se puede? No. Como está redactado actualmente el Proyecto de Senado 1304 es ilegal y conlleva una multa. Podría ser interpretado como un mensaje indirecto de que el comerciante absorbió el IVA. Veamos:

El artículo 4030.02(f) dispone: “Un comerciante que venda bienes y servicios sujetos al impuesto fijado en este 7 Subtítulo, de ninguna manera podrá anunciarse o expresar públicamente que, directa o indirectamente, absorberá todo o parte del impuesto, o que relevará al comprador del pago de todo o parte del impuesto, o que el impuesto no será añadido al precio de venta, o que cuando sea añadido, que ello o parte de ello le será reembolsado, ya sea directa o indirectamente por cualquier medio”.

El artículo 6046.01 (b) impone una multa administrativa no menor de mil (1,000) dólares ni mayor de veinte mil (20,000) dólares, a ser determinada por el Secretario a base de la frecuencia

En síntesis: (1) un comerciante no puede exponer el valor por concepto de IVA por separado en el recibo de compra; y (2) no podrá crear un anuncio de televisión, radio, Internet, “shopper” u otro medio, que diga que el precio del artículo no incluye el precio del IVA.

El subsecretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Rafael Ortiz Carrión, expresó el 16 de marzo del año en curso, que el proyecto de ley podría enfrentar problemas con la primera enmienda de la Constitución federal por violar su modalidad de expresión comercial. No obstante, a continuación argumentaremos que dicha medida podría también infringir el debido proceso de ley en su modalidad procesal. Lo interesante de estas causas de acción es que el comerciante o ciudadano podría prescindir del sistema judicial estatal y presentar sus reclamos directamente ante un Tribunal federal de Distrito. Pasemos a elaborar en detalle.

I. Libertad a la expresión comercial

La primera enmienda de la Constitución federal, oponible a los estados y Puerto Rico a través de la décimo cuarta enmienda, garantiza el derecho fundamental a la libertad de expresión. De dicho derecho fundamental se deriva el derecho constitucional a la expresión comercial. La modalidad de expresión comercial, en esencia, busca incentivar la transacción comercial y lucro por parte del intercambio de bienes en el comercio. No obstante, los tribunales le han dado un tratamiento más laxo a diferencia de otro tipo de expresión. En otras palabras, dicha expresión está subordinada a mayor reglamentación por parte de los estados ya que busca, no manifestar ideas en esencia, sino viabilizar ganancias. Como resultado de la cláusula de supremacía en la Constitución federal, las leyes de los estados no pueden contravenir la constitución federal.

No obstante, aunque dicha modalidad de expresión puede ser más reglamentada por los estados, la reglamentación estatal está supeditada a unos criterios establecidos por el Tribunal Supremo federal en el caso Central Hudson Gas & Electric Corp., v. Public Service Comm’n 447 US 557 (1980), del famoso “Hudson Rule”. Dichos criterios son: (1) ser una actividad lícita y no engañosa; (2) la reglamentación debe perseguir un interés gubernamental sustancial; (3) reglamentación debe estar relacionada con dicho interés; (4) que el gobierno consideró con cuidado las alternativas antes de aprobar la reglamentación.

Pasemos a identificar algunos argumentos que se podrían realizar ante los tribunales estatales y federales como resultado de una impugnación por expresión comercial:

II. Caso persuasivo del Tribunal de Apelaciones para el Sexto Circuito

El Tribunal de Apelaciones para el Sexto Circuito en Bellsouth Telecommunications Inc. v. John Farris, 08a0343p.06 (2008) dirimió una controversia similar. El estado de Kentucky aprobó un impuesto a los proveedores de telecomunicaciones de un 1.3%. El estado prohibió que se les cobrara directamente a los consumidores y que dicho impuesto apareciera en el recibo de compra. El estado justificó dicha ocultación alegando que no quería que el público se confundiera al ver el nuevo impuesto en el recibo de compra y creyera que el impuesto lo habían pagado los ciudadanos.

Dicho Tribunal de Apelaciones concluyó lo siguiente: (1) determinó que la acción afectaba la expresión comercial; (2) el hecho de que los ciudadanos se confundan con relación a quién está pagando el impuesto es sustancial; (3) pero dicho impedimento en el recibo no adelantaba el interés del estado porque permitía que el comerciante pudiera anunciar la realidad del impuesto a través de otros medios como anuncios y correos electrónicos a sus clientes; (4) el estado podía cumplir el propósito de informar quién pagaría el impuesto a través de otras formas sin afectar la expresión comercial.

III. Choque con reglamentación federal / ocupación de campo

El gobierno de Puerto Rico debe tener mucho cuidado de no impedir que proveedores de algunos servicios de Telecomunicaciones cubiertos por el 47 U.S.C. § 542(c)(3) sean afectados por dicha sección. Dicho estatuto dispone: “Each cable operator may identify . . . as a separate line item on each regular bill of each subscriber, [t]he amount of any other fee, tax, assessment, or charge of any kind imposed by any governmental authority on the transaction between the operator and the subscriber”. En otras palabras, el Congreso requirió que a los proveedores de cable le aplique dicho estatuto federal y el mismo requiere que se desglosen los impuestos estatales.

Lo mismo se puede ser materia de litigio con los proveedores de telefonía. El estatuto federal dispone: “[t]elephone bills shall be clearly organized”, 47 C.F.R. § 64.2401(a), y “[c]hargescontained on telephone bills must be accompanied by a brief, clear, non-misleading, plain language statement” § 64.2401(b).

Por consiguiente, la Asamblea Legislativa debe tener cuidado en insertar en la ley alguna prohibición que impida la presentación del impuesto estatal en recibos de compras en circunstancias en que alguna ley federal lo requiera. Esto sería una acción inválida por parte del estado.

IV. Posibles argumentos ante los tribunales

a. Inconstitucional por no cumplir los requisitos del “Hudson Rule”

El Sr. Juan Flores Galarza, director ejecutivo del comité de Reforma Contributiva y ex secretario de Hacienda, expresó, “por razones que no quiero comentar, se decidió que en la factura del consumidor ya estará incluido el IVA”. Un tribunal estatal o federal podría declarar que dichas secciones de la ley son inconstitucionales porque impiden que los comerciantes les comuniquen a sus clientes el porqué éstos están pagando un valor adicional en sus establecimientos y esto constituiría una violación a la expresión comercial. Los tribunales podrán enfatizar que dicha reglamentación no persigue un interés gubernamental sustancial.

El Tribunal Supremo federal declaró inconstitucional una ley que impedía que se anunciaran los precios de las bebidas alcohólicas en el estado de Rhode Island. 44 Liquormart, Inc. v. Rhode Island, 517 U.S. 484 (1996). En dicho caso, el ex juez John Paul Stevens indicó: “[B]ans that target truthful, nonmisleading commercial messages rarely protect consumers from such harms. Instead, such bans often serve only to obscure an ‘underlying governmental policy’ that could be implemented without regulating speech. In this way, these commercial speech bans not only hinder consumer choice, but also impede debate over central issues of public policy”.

En otras palabras, la primera enmienda de los Estados Unidos no permite que políticas públicas soslayadas y ocultas sostengan una reglamentación de expresión comercial, si dicha reglamentación en nada protege a los consumidores y su consecución se podría lograr a través de acciones estatales alternas.

Los tribunales, aunque encuentren una razón sustancial, examinarán también si el estado podía lograr dicho objetivo a través de un medio alterno y que dicha acción adelantaba los intereses invocado por el estado. Como ocurrió en el caso de Bellsouth Telecommunications Inc. v. John Farris, supra, donde se demostró un interés sustancial, pero no fue el medio menos oneroso y no adelantaba los intereses del estado. En un caso como éste, no podrían cumplir con dichos elementos.

b. Constitucional porque el estado logró demostrar un interés sustancial

El estado podría articular un interés legítimo sustancial en impedir que dicho porcentaje por concepto de IVA se encuentre en el recibo de compra. Hasta ahora no se ha manifestado ninguna razón oficial por parte del estado. A diferencia del caso del estado de Kentucky, el estado no podrá argumentar que su interés es esconder el impuesto del recibo de compra para impedir que los ciudadanos crean que están pagando un impuesto no legislado para que ellos. El IVA es un arreglo tributario en el cual se considera a los ciudadanos como contribuyentes.

c. Constitucional porque no estamos ante un supuesto de expresión comercial

La Oficina de la Procuradora General podría argumentar que la expresión comercial es una que está predicada en la transacción comercial. Como dicho porcentaje de IVA en el recibo no promueve, en esencia, un intercambio de bienes, la legislación es sólo una socioeconómica, subordinada al escrutinio más laxo: el racional o deferente. El Tribunal Supremo federal ha manifestado que el hecho de que una ley contenga asuntos económicos no la convierte en expresión comercial, ver Bolger v. Youngs Drug Prods. Corp., 463 U.S. 60, 67 (1983).

d. Inconstitucional por ser una legislación irracional o caprichosa

Los comerciantes podrían argumentar que, en la alternativa de un tribunal determinar que dicha reglamentación no incide en lenguaje comercial alguno, las leyes socioeconómicas no deben ser caprichosas o irrazonables. Como dicho articulado es uno que no posee un fin legítimo ni un propósito válido, ni siquiera pasa el escrutinio racional.

V. Preludio de otro pleito constitucional

Imaginemos que el IVA se aprueba con o sin las secciónes 4030.02(c) y 4030.02 (f) del proyecto de ley aludido. ¿Puede un ciudadano acudir a los tribunales y requerir que el estado le indique en su recibo de compra el porciento por IVA?

La enmienda 14 de la Constitución federal y la Constitución de Puerto Rico en su sección 7 del artículo 2 consagran el axioma de que “Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley”. Como parte del debido proceso, existe una vertiente procesal. Dicha vertiente requiere una debida notificación.

Se podría argumentar que cada vez que la persona paga el IVA, el estado le está privado de su propiedad (dinero) y posee un derecho constitucional de que se le notifique de cuánta cantidad el estado le está privando.

Algunos podrán esbozar que un ciudadano, utilizando dicha teoría legal, podrá acudir a los tribunales para que en su recibo de compra de gasolina aparezca todo el impuesto del crudo que existe. No. Recordemos que en teoría, el impuesto del crudo no lo paga el ciudadano. Que el comerciante le trasfiera el impuesto al consumidor es parte del efecto ecualizador del mercado. Por tanto, en los impuestos que el estado le prive directamente de su dinero, como un impuesto al consumo o sobre ingreso, el estado tiene que notificarle la cantidad. Ejemplo de esto son las deducciones que hace el gobierno federal y estatal al cheque del empleado (privación de propiedad / dinero): el estado notifica en el cheque cuánta cantidad sustrajo.

VI. Conclusión

Puerto Rico es una jurisdicción relativamente joven en impuestos al consumo. Como cualquier acción estatal, no está enajenada de los contornos y lineamientos de la constitución local y federal. De lo que sí podemos estar seguros es que las transformaciones sociales producen interrogantes legales que ameritan adjudicaciones finales de los tribunales. Ejemplo de estos es el Obamacare, los proyectos de ley de Franklin D. Roosevelt durante la Gran Depresión, los pleitos del sistema de retiro en Puerto Rico y la famosa Ley Núm. 7-2009, entre múltiples otras. Todos son litigios como resultado de un disloque en la cotidianidad legislativa ante una crisis. La trasformación tributaria actual de Puerto Rico no es la excepción. Y como dijo el juez Anthony Kennedy en un escenario de crisis y guerra:

“To hold that the political branches may switch the constitution on or off at will would lead to a regime in which they, not this court, ‘say what the law is” (Boumediene v. Bush, 553 U.S. 723 (2008)

Eduardo Náter (graduado de ingeniería del RUM) contribuyó en este artículo.

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