Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico

Supremo deniega a confinado revisión judicial a pesar de reconocer que recibió notificación defectuosa

Supremo le deniega a confinado revisión judicial a pesar de reconocer que recibió notificación defectuosaDescarga el documento: García Sierra v. Administración de Corrección y Rehabilitación

Luego de celebrada una vista disciplinaria el 19 de mayo de 2014, el Sr. José L. García Sierra fue encontrado incurso de infringir el Código 125 del Reglamento Disciplinario para la Población Correccional. Le impusieron una segregación disciplinaria de 60 días. El 22 de mayo se le notificó la resolución con la determinación administrativa. Dicha resolución disponía que el confinado podrá solicitar una reconsideración en o antes de 20 días calendarios a partir de la notificación. También disponía que dentro del término de 30 días, podría solicitar una revisión Judicial ante el Tribunal de Apelaciones a partir de la fecha del archivo en autos de la notificación de la resolución final.

El 23 de mayo de 2014, el Sr. García Sierra presentó una moción de reconsideración ante la agencia. El 24 de junio de 2014, la referida moción fue declarada no ha lugar. Sin embargo, no fue hasta el 19 de septiembre de 2014 que se le notificó al confinado. El 20 de octubre de 2014, el Sr. García Sierra recurrió ante el Tribunal de Apelaciones. El 17 de diciembre de 2014, el foro apelativo intermedio emitió una sentencia en la cual desestimó el recurso por considerarlo prematuro. El Tribunal de Apelaciones concluyó que la resolución notificada del 22 de mayo de 2014 no explica cómo se activan los términos particulares para acudir en revisión judicial según lo dispone la Sec. 3.15 de la Ley de Procedimiento Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU).

La Sec. 3.15 de la precitada ley dispone: (1) una vez se presenta una solicitud de reconsideración, la agencia dispone de 15 días para actuar; (2) si la agencia rechaza la reconsideración o no actúa dentro de dichos días, el término para solicitar la revisión judicial comenzará a transcurrir nuevamente; (3) si la agencia decide tomar acción, posee 90 días para resolverla; (4) el plazo de 30 días para recurrir en revisión judicial comenzará a transcurrir desde la fecha en que se archive en autos copia de la notificación de la Resolución que resuelva la moción de reconsideración de forma definitiva; (5) si la agencia acoge la moción de reconsideración, pero no la resuelve dentro de los 90 días, ésta perderá jurisdicción y se podrá solicitar revisión judicial desde el vencimiento de los 90 días; (5) la agencia puede extender el término de 90 días por un máximo 30 días adicionales por justa causa y siempre que actúe dentro de los 90 días originales.

Pero el Tribunal de Apelaciones sostuvo que aunque la notificación fue defectuosa por no mencionar el procedimiento antes discutido, el recurso presentado era prematuro hasta tanto la agencia enmendara su formulario de notificación para cumplir con todas las advertencias que requiere la Sec. 3.15 de la LPAU. Inconforme, el Sr. García Sierra recurrió ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Una mayoría de la sala II, compuesta por la Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez, el Hon. Erick Kolthoff Caraballo y el Hon. Luis Estrella Martínez emitieron un no ha lugar al recurso de certiorari.

El Hon. Luis Estrella Martínez emitió un voto particular disidente. Indicó que desde la aprobación de la LPAU, las agencias vienen llamadas a llevar a cabo sus procedimientos de reglamentación a tenor con dicho esquema legal. Enfatizó que si la notificación administrativa no cumple con todas las advertencias que requiere la LPAU, ello constituirá una notificación defectuosa. Arguyó que erró el Tribunal de Apelaciones en concluir que no poseía jurisdicción para resolver en sus méritos la notificación defectuosa. Reiteró que en casos de notificaciones erróneas, se le ha permitido a la parte perjudicada ejercer su derecho de revisión judicial como corresponde siempre y cuando no haya mediado incuria. En el presente caso, el Sr. García Sierra fue diligente y no cometió incuria. Concluyó diciendo que el acceso a la justicia no debe ser relegado a mera retórica jurídica, sino que debe ponerse en acción.

Reseña por Joel Pizá Batiz

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