Supremo impone a tribunales apelativos nuevo requisito para revisar mociones de sentencias sumarias

Supremo impone a tribunales apelativos nuevo requisito para revisar mociones de sentencias sumariasDescarga el documento: Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation

Durante cincuenta años la compañía M. Cuebas, Inc. (en adelante Cuebas) se dedicó a la producción y distribución de especias, flanes, sofrito, habichuelas y comida para aves. Cuebas vendía dicho productos bajo las marcas “Don Goyo”, “Don Toño”, “Flan del cielo”, “Caramelo del cielo”, “Tweet” y “Rikas”. No obstante, el cliente principal le requirió que estableciera un programa de control de capital. Dicho programa requería una inversión millonaria que Cuebas no podía sufragar y decidió errar totalmente las operaciones. Ante ese escenario, Cuebas comenzó a negociar con Bohío International Corporation (en adelante Bohío) para venderle algunos activos. El 8 de abril de 2011, Cuebas comenzó el despido de su fuerza laboral. También suscribió un acuerdo de ventas de activos con Bohío (“Asset Purchase Agreement”) y pactaron la compraventa de ciertos derechos de marcas, algunas recetas y máquinas para confeccionar las recetas. En el acuerdo se especificó que Bohío no compraría el nombre de M. Cuebas, que no estaría obligado a contratar a ninguno de los empleados de esa corporación y que no se convertiría en su patrono sucesor.

Así las cosas, durante el mes de agosto de 2011 seis empleados (los seis apelados de este caso) presentaron querellas al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, por alegado despido injustificado contra Cuebas y Bohío. Los empleados alegaron: (1) que fueron despedidos sin justa causa: (2) que Bohío respondía por ser un “patrón sucesor”; y (3) que entre Cuebas y Bohío se configuro la figura de “traspaso de negocio en marcha” codificada en la Ley 80.

Posteriormente, Cuebas y Bohío presentaron sendas solicitudes de sentencia sumaria. Cuebas argumentó que había cerrado la totalidad de sus operaciones por lo que no respondía bajo la Ley 80. Bohío argumentó que operaba su empresa previa al negocio que llevó a cabo con Cuebas y que no estaban presentes los requisitos para aplicar la doctrina de “patrono sucesor” y de “traspaso de negocio en marcha”.

Diferentes salas del Tribunal de Primera Instancia desestimaron sumariamente las reclamaciones de los apelados. Inconformes, acudieron al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones consolidó cuatro de estos casos y revocó al Tribunal de Primera Instancia. Manifestó que era sumamente difícil que el Tribunal de Instancia pudiera reunir toda la verdad de los hechos a través de documentos. Ordenó que se realizara un análisis ponderado y exhaustivo de la realidad fáctica. Luego de varios trámites procesales, todos los casos llegaron al Tribunal Supremo.

La controversia del presente caso es la siguiente: ¿Cuáles son los criterios que deben seguir los Tribunales de Apelaciones cuando revisan las determinaciones de denegar o conceder mociones de sentencia sumaria por parte de los Tribunales de Primera Instancia?

La Hon. Mildred Pabón Charneco emitió la opinión del Tribunal. En síntesis, le extendió el requisito de la Regla 36.4 (enmendada en el año 2009) a los Tribunales de Apelaciones. La regla dispone que se debe hacer una lista de hechos controvertidos y no controvertidos al denegar una moción de sentencia sumaria. Dicho requisito era aplicable solamente a los Tribunales de Primera Instancia. Todos los requisitos son:

  1. Reiteró la norma de Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 335 (2004): Los Tribunales de Apelaciones se encuentran en la misma posición del Tribunal de Primera Instancia al momento de revisar solicitudes de sentencia sumaria pero están limitados en lo siguiente: (a) no pueden tomar en consideración evidencia que las partes no presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia; y (b) no pueden adjudicar los hechos materiales en controversia, ya que ello le compete al foro primario luego de celebrado un juicio en su fondo.
  2. La revisión del Tribunal de Apelaciones es una “de novo” y deben examinar el expediente de la manera más favorable a favor de la parte que se opuso a la moción de sentencia sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su favor.
  3. Deben revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil.
  4. Para atemperar la revisión apelativa a la enmienda del año 2009 de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en realidad existen hechos materiales en controversia. De haberlos, tiene que exponer concretamente qué hechos materiales encontró que están en controversia y cuáles están incontrovertidos (independientemente del resultado de la moción de sentencia sumaria).
  5. De encontrar que los hechos materiales realmente están incontrovertidos, procederá a revisar “de novo” si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la controversia.

En el presente caso erraron los Tribunales de Apelaciones porque fundamentaron sus revocaciones en que eran controversias complejas, cuando nuestro ordenamiento jurídico no desalienta el uso de mociones de sentencia sumaria simplemente porque las controversias sean dificultosas. También erraron los Tribunales de Apelaciones al no exponer cuáles son los hechos materiales que estaban en controversias como lo ordena la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, según enmendada. Se devolvieron los casos consolidados a los respectivos paneles del Tribunal de Apelaciones para que revisen si procedían las sentencias sumarias emitidas.

La Hon. Maite Oronoz Rodríguez emitió unas expresiones disidentes. Adujo que no hace falta extenderle la Regla 36.4 de Procedimiento Civil al Tribunal de Apelaciones porque la Regla 10(a) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone que las determinaciones de dicho Tribunal deben estar fundamentadas e incluir una relación de hechos, una exposición y un análisis de los asuntos planteados o conclusiones de Derecho.

La Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez emitió una opinión disidente. Indicó que exigir a un foro apelativo emitir una determinación conforme a la Regla 36.4 al momento de revocar un dictamen sumario emitido por un Tribunal de Instancia, supondría una intromisión indebida de ese foro en la facultad de adjudicar la controversia que ostenta el foro primario, ante el cual se dilucidará el pleito. Esbozó que cuando la aludida Regla menciona “tribunal”, se refiere al Tribunal de Primera Instancia y no al foro apelativo. El Tribunal de Apelaciones, por su parte, tendrá que cumplir con los requisitos que le impone la Regla 10 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones al momento de emitir una sentencia revisando la denegatoria o concesión de una moción de sentencia sumaria.

El Hon. Luis Estrella Martínez emitió una opinión disidente. Articuló que cuando la citada Regla menciona “tribunal” se refiere únicamente al Tribunal de Primera Instancia y no a los procedimientos a nivel apelativo. Señaló que el mecanismo de sentencia sumaria no está concebido para que sea solicitado ante el Tribunal de Apelaciones. Enfatizó que aunque los Tribunales de Apelaciones están en la misma posición que los Tribunales de Primera Instancia cuando resuelven mociones de sentencias sumarias, bajo ningún concepto debe entenderse que el Tribunal de Apelaciones está obligado a determinar hechos esenciales y pertinentes como si fuera un foro primario. También alertó de las dilaciones que esta decisión producirá en los tribunales apelativos.

Reseña por Joel Pizá Batiz

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