U.S. Court of Appeals 1st Circuit

Primer Circuito revoca orden de instituir derecho a juicio por jurado en casos civiles de Puerto Rico

JuradoDescarga el documento: González-Oyarzún v. Commonwealth of Puerto Rico

Faustino González Oyarzún demandó a su patronos en el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, alegando discrimen por razón de edad bajo la Ley Contra el Discrimen por Edad en el Empleo (ADEA, por sus siglas en inglés) y otras acciones bajo leyes estatales. Los demandados solicitaron la desestimación de la demanda, basándose en el contrato entre las partes, el cual contenía una cláusula de selección de foro. El foro correspondiente, según el contrato, es el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. El Tribunal de Distrito desestimó la demanda por haberse entablado en el foro incorrecto.

González Oyarzun alegó que no se debía desestimar el caso en el Tribunal de Distrito porque los tribunales en Puerto Rico no proveen juicios por jurado en casos civiles, y él no había renunciado a su derecho al mismo bajo la Séptima Enmienda. El demandante alegó que por ello la cláusula de selección de foro en el contrato debía ser invalidada. El Tribunal de Distrito solicitó que las partes se expresaran en torno a la aplicabilidad de la Séptima Enmienda a los tribunales puertorriqueños.

El tribunal concluyó que la cláusula de selección de foro era válida, pero al desestimar la demanda, emitió una sentencia declaratoria. En dicha sentencia estableció que bajo la Séptima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, Puerto Rico debe proveer a los litigantes del foro local la oportunidad de juicio por jurado en casos civiles. Según el juez, el concepto de debido proceso de ley contenido en la Decimocuarta Enmienda incorpora el derecho a juicio por jurado en la Séptima Enmienda

El Tribunal de Distrito ordenó a González Oyarzun a someter copia de la demanda y de la orden sobre el juicio por jurado en casos civiles a la Oficina de Administración de Tribunales y al Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Oficina de Administración de Tribunales apelaron la sentencia declaratoria.

El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en una sentencia per curiam, determinó que el Tribunal de Distrito abusó su discreción con la sentencia declaratoria, por atender un asunto constitucional que no estaba directamente ante sí.

El Primer Circuito decretó que la sentencia declaratoria es inválida porque va contra lo establecido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, quien ha expresado que los estados no vienen obligados por la Constitución a proveer juicio por jurado en casos civiles. El argumento del Tribunal de Distrito sostenía que esos casos del Tribunal Supremo fueron revocados por McDonald v. City of Chicago 561 U.S. 742 (2010). Sin embargo, el Primer Circuito despachó dicho planteamiento indicando que aunque el caso hace varios señalamientos sobre el derecho a jurado en casos civiles, no revoca el precedente establecido.

Reseña por el Lcdo. Cristian González

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