Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico

Enérgica discrepancia en Supremo por decisión administrativa que mantuvo a confinado en máxima seguridad

Enérgica discrepancia en Supremo por decisión administrativa que mantuvo a confinado en máxima seguridadDescarga el documento: Ibarra González v. Departamento de Corrección y Rehabilitación

El Sr. Moisés Ibarra González cumple una sentencia desde el año 2003 por los delitos de asesinato en segundo grado e infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico. También se le declaró delincuente habitual. En un caso anterior ante el Tribunal de Apelaciones, el Sr. Moisés Ibarra González solicitó la revisión de una resolución emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación el 17 de julio de 2013, donde se ratificó su nivel de custodia en máxima. El Tribunal de Apelaciones revocó la resolución y ordenó al Departamento de Corrección y Rehabilitación que realizara una nueva evaluación de custodia que no estuviera limitada a la reincidencia habitual y que considerara el resultado negativo de la prueba de detección de sustancias controladas.

El 23 de julio de 2014, el Comité de Clasificación y Tratamiento ratificó el nivel de custodia máxima y fundamentó dicha decisión en que el Sr. Moisés Ibarra González ha rehusado asistir a entrevistas con su técnico sociopenal demostrando no tener interés ni compromiso con su proceso de rehabilitación.

Inconforme el Sr. Moisés Ibarra González, acudió a la Oficina de Clasificación de Confinados de Nivel Central y alegó que el Departamento de Corrección y Rehabilitación no cumplió con lo dispuesto en la sentencia previa del Tribunal de Apelaciones, pues no se le reclasificó a custodia mediana, no se consideró el resultado negativo a sustancias controladas, entre otros. El 15 de septiembre de 2014, la Oficina de Clasificación de Confinados de Nivel Central denegó la apelación.

Inconforme nuevamente, el 7 de noviembre de 2014 el Sr. Moisés Ibarra González presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia el 2 marzo de 2015 mediante la cual confirmó la decisión administrativa.

El 1 de mayo de 2015, el Sr. Moisés Ibarra González presentó un certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El 8 de julio de 215, la Sala Segunda de Despacho compuesta por la Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez, el Hon. Erick Kolthoff Caraballo y el Hon. Luis Estrella Martínez emitieron una resolución en la que denegaron petición de certiorari.

Así las cosas, el 10 de julio de 2015 el peticionario solicitó reconsideración

Una mayoría del Tribunal Supremo sostuvo la determinación de denegar la expedición del recurso de certiorari.

La Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez emitió las siguientes expresiones en la resolución, a las cuales se une la Hon. Maite Oronoz Rodríguez:

“Por entender que el Manual para la clasificación de confinados establece un proceso orientado a la rehabilitación del convicto, declararía ha lugar el recurso de reconsideración presentado. Indudablemente, este proceso de clasificación aspira a ubicar al confinado en el nivel de custodia menos restrictivo posible en atención al comportamiento de éste durante el término de su reclusión. Criterios subjetivos exógenos, tal y como las particularidades que resultaron en su sentencia, no deben incidir en lo que supone ser una evaluación objetiva de su comportamiento dentro de la institución penal. En el pasado, al afirmar que la conducta nociva remota de un confinado debe ceder ante comportamiento reciente satisfactorio, hemos afianzado nuestro compromiso con el mandato constitucional de propender “el tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”. Const. P.R. Art. VI, Sec. 19. Véase, además López Borges v. Adm. de Corrección, 185 D.P.R. 603 (2012)”.

El Hon. Edgardo Rivera García emitió un voto de conformidad, al cual se unió el Hon. Rafael Martínez Torres. Este reiteró que las decisiones de los foros administrativos están revestidas de una presunción de regularidad y corrección. Por consiguiente, indicó que un confinado que se niega a asistir a entrevistas con su técnico se autolimita y coloca trabas en su proceso de rehabilitación. Resaltó que una de las funciones de los técnicos es recomendar un plan institucional y que dicho plan no se puede efectuar si el confinado se resiste a participar del proceso de entrevista. Concluyó diciendo que la agencia no abuso de su discreción.

El Hon. Luis Estrella Martínez emitió un voto particular disidente, al cual se unió la Jueza Presidenta, Hon. Liana Fiol Matta. Manifestó que la realidad del Sr. Moisés Ibarra González es el “modus operandi” del Estado en lo que a reclasificaciones de custodia se refiere, al punto que el propio perito del Estado lo ha denunciado en el caso Morales Feliciano. En síntesis, adujo que a pesar de que un confinado obtenga en su evaluación de reclasificación de custodia una puntuación objetiva indicativa de un nivel de custodia menor, las normas reglamentarias del Departamento de Corrección y Rehabilitación fomentan que sus funcionarios ejerzan un nivel de discreción con criterios altamente subjetivos y arbitrarios que tienen el potencial de revocar la puntuación obtenida por el confinado, a través de sus estudios, buena conducta, ausencia de querellas y otros factores objetivos revocar la determinación del Departamento. Concluyó que en el presente caso la agencia actuó de forma arbitraria, no se basó en evidencia sustancial y su determinación es contraria a derecho.

Reseña por Joel Pizá Batiz

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