Urgen a vistas públicas para proyecto que demarcaría límites del Caño Tiburones

Solicitan vistas públicas de proyecto que demarcaría límites del Caño Tiburones La Sociedad Ornitológica Puertorriqueña (SOPI), la Coalición contra el Incinerador y un grupo de ciudadanos denunciaron que el Proyecto de la Cámara 2894 — que crearía la ley para establecer la política pública para el manejo, conservación y preservación de la Reserva Natural Caño Tiburones localizado entre los municipios de Arecibo y Barceloneta— se radicó a toda prisa y para beneficiar intereses económicos con el único interés de interferir en el proceso que llevan estos en el tribunal superior para la protección total del humedal. Los autores del proyecto son los representantes Ricardo Llerandi Cruz, César Hernández Alfonso y Gabriel Rodríguez Aguiló.

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“Utilizando información incorrecta y dando la falsa impresión de potenciales amenazas, los señores representantes han propuesto un proyecto que incluye hasta la construcción de una carretera, ordena acciones de drenaje del humedal, control del niveles y activación de bombeo, sin la asignación de un solo centavo para que las agencias cumplan con lo encomendado y sin un solo estudio que sustente sus determinaciones”, Informó Nathaniel González, Presidente de la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña.

Por su parte Myrna Conty, portavoz de la Coalición contra el Incinerador, expresó que “este proyecto sirve los intereses de Energy Answers y la construcción del incinerador. El mismo es una medida de castigo al DRNA por denegar la solicitud de Energy Answers para extraer agua del humedal y les ofrece una salida nueva para poder sacar agua del recurso”.

A solo semanas de que una jueza del Tribunal Superior de San Juan le ordenara a la Autoridad de Tierras informar y planificar los trabajos de drenaje en las áreas aledañas al Caño Tiburones, decisión que busca la protección del humedal, radican un proyecto de ley en la Cámara de Representantes para ordenarle al DRNA que limpie canales y drene el humedal, decisión que busca lo opuesto”, añadió el Lcdo. Pedro Saadé, de la Clínica de Derecho Ambiental de la UPR.

“Este proyecto a la carrera y en la recta final hacia un proceso eleccionario es alarmante y nos hace cuestionarnos, cuáles son las verdaderas intenciones de esta alianza entre partidos. Lamentaríamos ver que esta administración termine su gestión ambiental desastrosamente. Un proyecto de esta envergadura necesita evaluación y un análisis responsable, pedimos que esta administración sea fiel a su visión de respeto y aprecio a la participación ciudadana. Es por esto que insistimos que se celebre un proceso de vistas públicas para evaluar el proyecto”, concluyó González.

 

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