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Eliminar escuelas religiosas de programa de vales no es discrimen, según juez federal

Un tribunal federal en la ciudad de Denver, Colorado se negó a expandir una ley que otorga vales (“vouchers”) para escuelas privadas, de manera que estos también aplicaran a escuelas religiosas.

El sistema de vales provee certificados de fondos de gobierno para que estudiantes puedan asistir a una escuela privada de su selección. El certificado se otorga usualmente para un año en particular, término o semestre.

En este caso en particular, 17 de las 23 escuelas que estaban disponibles para el programa de vales fueron eliminadas por su afiliación religiosa en 2015, luego de que el Tribunal Supremo de Colorado determinara que el dinero del erario público no se podía utilizar para educación religiosa. En este caso, tres familias demandaron en abril pasado, argumentando que el nuevo programa es discriminatorio por razón de religión.

Michael Bindas, abogado de los demandantes y parte del Institute for Justice, argumentó que otros tribunales han aclarado que el gobierno no puede retener un beneficio público, como un bono, porque una escuela tenga una afiliación religiosa. Además afirmó que el programa de vales del Distrito Escolar del Condado de Douglas es uno «hostil hacia la religión», y por tanto es inconstitucional.

Este afirmó que el gobierno está obligado a ser neutral ante la religión y que la decisión del Distrito de incluir solo escuelas no sectarias en su programa School Choice Grant Program, violaba esa provisión.

No obstante, la juez de distrito Marcia Krieger explicó que “la ley en esta área es inestable” y estableció que hay dudas de que los demandantes pudieran prosperar en sus reclamos.

Esta determinó que los demandantes no habían probado que el programa les causaría un daño irreparable, y que sólo cinco de los seis estudiantes habían mostrado interés en el programa de vales a la fecha, y que ninguna escuela aún ha acordado participar en dicho programa.

“Si no se otorgan vales, no hay discrimen”, explicó Krieger.

La juez determinó que las familias podrían solicitar daños monetarios si eventualmente la ley se declara inconstitucional.

Lee el artículo original en el Denver Post

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