Descarga el documento: Puerto Rico Medical Emergency Group, Inc. v. Iglesia Episcopal Puertorriqueña, Inc. et al
Según la Puerto Rico Medical Emergencies Group, la Iglesia Episcopal Puertorriqueña y sus corporaciones Hospital Episcopal San Lucas, Servicios Generales Episcopales, y Servicios de Salud Episcopales afectaron sus operaciones, reputación y estructura financiera y causaron pérdidas de millones de dólares a compañías aseguradoras.
El Puerto Rico Medical Emergencies Group (“PRMEG”) provee servicios de administración de salas de emergencia y de tratamiento para pacientes a varios hospitales de la isla.
Según la demanda, en el 2007 la Iglesia Episcopal Puertorriqueña y sus corporaciones Hospital Episcopal San Lucas, Servicios Generales Episcopales, y Servicios de Salud Episcopales contrataron con PRMEG para estos servicios. PRMEG facturaría a los hospitales por sus servicios, pero también podían facturar a los planes médicos por servicios rendidos directamente a pacientes.
PRMEG alega que los demandados facturaron a los seguros médicos por servicios que rindieron los demandantes. O sea, que se le estaba cobrando dos veces a las aseguradoras por un mismo servicio.
En el 2013, la compañía aseguradora MCS le reclamó $600,000 a PRMEG en concepto de reembolso por pagos que esta realizó a pacientes con cubierta de MCS. PRMEG solicitó a los demandados copia de sus contratos con aseguradoras, y ahí notó que algunos de los contratos permitían a los demandados facturar por servicios que rindió PRMEG. Según PRMEG, MSC aún continúa intentando cobrar la deuda.
PRMEG alega que el esquema de facturación de los demandados es fraudulento y viola varias disposiciones de la Ley federal Contra la Extorsión Criminal y las Organizaciones Corruptas (Ley RICO, por sus siglas en inglés). Los demandantes señalan que la práctica de los demandados le causó daños a la operación, reputación, y estructura financiera de PRMEG, y causó pérdidas de millones de dólares a compañías aseguradoras.
La demanda original se presentó en agosto del 2014, pero luego de varios trámites procesales, los demandantes presentaron una enmienda en septiembre de 2015. Los demandados solicitaron la desestimación de la demanda arguyendo que las alegaciones en la demanda son insuficientes para que se infiera que estos podrían haber cometido lo que se alega.
El Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico evaluó la solicitud de desestimación, y concluyó que la demanda contiene suficientes hechos que, de probarse, podrían constituir fraude y violaciones a la Ley RICO.
Reseña por el Lcdo. Cristian González