El pasado 2 de septiembre de 2016 el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico dictó sentencia final en el pleito Carlos Morales Feliciano v. Alejandro García Padilla, USDC Civil. No. 79-4. En ese sentido, el Gobernador García Padilla emite orden ejecutiva para viabilizar que las dependencias estatales obligadas mediante acuerdo de transacción actúen según lo acordado. Por lo tanto, el boletín administrativo número OE-2016-047, vincula a la Universidad de Puerto Rico, Departamento de Educación, Departamento de Recreación y Deportes, Departamento de la Vivienda, Departamento de Salud, la Corporación de Parques Nacionales de Puerto Rico, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, el Departamento de Estado, la Oficina de Gerencia de Permisos y el Departamento de Agricultura.
La orden ejecutiva faculta al Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, hará la coordinación con los referidos jefes de agencia y corporaciones públicas para viabilizar lo dispuesto en el Acuerdo de Transacción. La orden reconoce que si bien este Acuerdo de Transacción pone final al pleito, hoy día la población correccional cuenta con servicios de salud, seguridad y recreación, en cumplimiento con los estándares constitucionales. Acota la orden, que estas acciones convierten en algo del pasado las condiciones pobres en que se encontraba el sistema correccional hace 35 años, cuando se originó el pleito.
Este pleito de clase radicado en 1979, alegando que las condiciones de confinamiento provistas por el Estado constituían una violación de sus garantías constitucionales, condicionaron al Estado Libre Asociado a proveer ciertos servicios en aras de mejorar el confinamiento en pos de un sistema rehabilitador.