A continuación:
Para el ojo ajeno, existen quienes nos tildan de ser veladores del acceso a la justicia. Otros nos dotan con las características de ser una comunidad comprometida y asequible. No obstante, nuestro rol es uno maleable, uno que se adapta al contexto económico, político y social, y que nos obliga a convertirnos en constructores y agentes de cambio para crear y administrar un sistema de justicia accesible a las poblaciones más vulnerables. Ante la fatídica ola de decisiones gubernamentales que se avecinan, urge trabajar por sus necesidades que, por desgracia, podrían ir en aumento a causa de las medidas de austeridad que se están presentando, y que prescinden de la participación democrática del país. Esto nos hace enfrentar un proceso que carece de los elementos más básicos de la democracia y que muy poco se parece a lo que deberíamos aspirar como juristas.
En nuestro contexto político y económico es meritorio que, desde la profesión jurídica, identifiquemos y trabajemos en pro de unos puntos comunes de defensa, como bien nos señala el Profesor Efrén Rivera Ramos. Es, en estos puntos de defensa, que identificamos aquello que resulta irrenunciable porque desvirtuaría cualquier sentido de justicia y el acceso a la misma en nuestra sociedad.
Nuestra profesión tiene el deber ético y político de velar y garantizar que exista una política pública y jurídica abierta, democrática, sensible y justa. Esta coyuntura de crisis y situación política amerita que la Escuela tenga una presencia palpable y un rol activo en los procesos donde la población puertorriqueña reivindique los principios que estamos llamados a proteger.
Por lo tanto, convocamos y emplazamos a la administración, al profesorado, a los y las estudiantes y a los y las juristas en general a cumplir con su deber. Para nosotros es importante recordar que somos la única Escuela de Derecho pública en el País y, como tal, tenemos una responsabilidad moral que no podemos negar y que debemos asumir como un deber para con el País. En nuestras manos está la posibilidad de crear y potenciar espacios para fomentar la discusión sobre los asuntos apremiantes que afectan económica, social y políticamente al pueblo puertorriqueño. Tenemos los recursos para analizar el Derecho y reflexionar sobre las incertidumbres jurídicas que se encuentran plasmadas en este ataque frontal a los derechos más básicos para una sociedad. ¿Qué mejor estudio de caso que nuestro contexto actual? Hagamos labores jurídicas en la marcha, aprovechemos el contexto para salir de las aulas y estar presentes en el País. La posibilidad de ser ciudadanos políticos no debe ser un asunto accesible a unos pocos y tiene que ser nuestro rol, como institución pública, democratizar las herramientas adquiridas (gracias a que existe la Universidad pública y un país que ha creído y ha invertido en ella) y potenciar las oportunidades para la participación ciudadana informada.
Como Comité de Trabajo de Derecho entendemos que la neutralidad y el no actuar en tiempos de crisis legitima las injusticias, invisibiliza las necesidades y nos hace cómplices silentes. No neguemos el rol público de la Universidad de Puerto Rico, ni estemos ausentes cuando el País, al cual nos debemos, más nos necesita.
Firma con respeto y agradecimiento,
Comité de Trabajo de Derecho (CTD)