Sería obligatorio un inventario semestral de propiedades inmuebles de la Rama Ejecutiva

Una medida (Proyecto del Senado 671) radicada por el senador Abel Nazario que obligaría a que se prepare un inventario semestral de las propiedades en desuso del Gobierno propone ayudar a que esos espacios puedan ser utilizados por la industria privada.

“La crisis económica del país ha tenido un efecto negativo en la infraestructura del Gobierno y queremos colaborar desde la legislatura para que las facilidades gubernamentales que no están en uso puedan ser adquiridas por la empresa privada y así aumentar el comercio y el desarrollo económico en Puerto Rico” dijo Nazario.

El proyecto enmendaría la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal para que el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles tenga la facultad de preparar un inventario cada 6 meses sobre el estado de las propiedades en virtud de contratos de arrendamientos y traspaso de posesión de agencias y corporaciones de la Rama Ejecutiva del Gobierno.

El informe deberá ser detallado con recomendaciones ante la posibilidad de consolidar la administración de las propiedades del Estado bajo una sola agencia, creando ase ahorros fiscales y un proceso administrativo más eficiente, detalla la propuesta legislativa. Asimismo, el Comité coordinará junto con la Junta Revisora de Propiedad Inmueble dicho informe.

DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La crisis económica y fiscal que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico ha tenido un efecto negativo en la infraestructura gubernamental, en especial en los bienes inmuebles. La Rama Ejecutiva cuenta con un sinnúmero de propiedades en desuso y muchas de ellas llevan años sin ningún tipo de utilidad pública. Sin embargo, estas propiedades cuentan con espacios amplios en lugares estratégicos que pudiesen ser utilizados por la industria o comercio privado.

Lamentablemente, Puerto Rico no cuenta con una política pública clara y uniforme que fomente la venta eficiente, eficaz y coordinada de estos bienes inmuebles del Estado.

La Ley Núm. 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, se creó con el fin de “tomar las medidas necesarias para atemperar el marco legal y jurídico existente” en Puerto Rico para cumplir con el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal, en virtud de la Ley Pública Federal Núm. 114-187, conocida como “Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act” o “PROMESA”. Para llevar a cabo el objetivo perseguido por la Ley Núm. 26, supra, se estableció el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles (en adelante, “Comité”), el cual tiene el poder para llevar a cabo todas las acciones necesarias para lograr la disposición y venta de los bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva. Además, creó un marco jurídico para mover el mercado de bienes raíces estatales y a la misma vez se dispuso un proceso certero en las transacciones de estos activos. De esta manera, el Gobierno de Puerto Rico dispondrá de las propiedades en desuso y podrá obtener fondos adicionales para la liquidez de las obligaciones del Gobierno de Puerto Rico, cumpliendo así con los parámetros del Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal.

El Comité tiene la facultad, en coordinación con la Junta Revisora de Propiedad Inmueble creada en virtud de la Ley Núm. 235-2014, de preparar un inventario oficial de toda propiedad inmueble de las agencias, dependencias, instrumentalidades y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva. Además, requiere que la Junta Revisora de Propiedad Inmueble emita una certificación al Comité de toda la propiedad inmueble que esté disponible para la venta por razón de no ser necesitada por alguna agencia, dependencia o corporación pública de la Rama Ejecutiva.

Sin embargo, la Ley Núm. 26, supra, no faculta al Comité a preparar un inventario sobre las propiedades arrendadas por las agencias del gobierno. Entendemos que este inventario es necesario, ya que se toma conocimiento de propiedades adicionales que pudiesen ser puestas a la venta. Por ello, es de suma importancia que se faculte al Comité de preparar un inventario detallado de las propiedades con contrato de arrendamiento constituido por las agencias del gobierno. Así, se brinda una herramienta eficaz y efectiva para identificar propiedades adicionales que, al concluir el arrendamiento, pudiesen traer más fondos al erario.

En reconocimiento de lo anterior, mediante la presente legislación se ordena al Comité a rendir un informe detallado sobre la certificación de las propiedades inmuebles del Estado con una recomendación al efecto de la posibilidad consolidar la administración de las propiedades del Estado bajo una sola agencia, creando así ahorros fiscales y un proceso administrativo más centralizado, eficaz y eficiente.

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