Supremo detiene sustitución de perito luego de iniciada la conferencia con antelación a juicio

Descarga el documento: PV Properties, Inc. v. Central Produce El Jibarito, Inc. y otros

Controversia
¿Erró el Tribunal de Apelaciones al permitir la sustitución de un perito bajo el argumento de que era permisible ya que todavía no se había celebrado la conferencia con antelación al juicio?

Sentencia del Tribunal
El Tribunal Supremo, mediante sentencia, revocó la determinación del Tribunal de Apelaciones y reinstaló la determinación del Tribunal de Primera Instancia, la cual denegó la sustitución del perito solicitada por PV Properties.

Opinión de conformidad
La Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez emitió una opinión de conformidad a la cual se unió el Hon. Roberto Feliberti Cintrón y el Hon. Ángel Colón Pérez. La referida jueza destacó que los tribunales apelativos no deben interferir en las determinaciones discrecionales de los jueces inferiores respecto al descubrimiento de prueba, salvo que se demuestre que el foro primario (1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.

La Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez también mencionó que una solicitud de sustitución de perito es una determinación sujeta a la discreción del juez de Primera Instancia. La referida jueza acentuó que el juez tiene que evaluar la existencia de una justa causa para tal sustitución y la temporalidad de la solicitud. De este análisis relucirá si la petición de sustitución es presentada como una técnica dilatoria o para obtener una ventaja inapropiada en el litigio y si incide en la preparación de la otra parte para efectuar un contrainterrogatorio adecuado. La opinión de conformidad enfatizó que es indispensable considerar la finalidad de la etapa procesal en la cual se encuentra el litigio.

En el presente caso, la Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez arguyó que la solicitud de sustitución del perito en este caso se presentó ya iniciada la Conferencia con antelación al juicio, etapa considerada como la antesala del juicio. Por consiguiente, consideró que el Tribunal de Primera Instancia no abuso de su discreción.

La Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez concluyó diciendo que lamenta que el Tribunal Supremo no pudiera colegiar un pronunciamiento que refrendara los deberes de los jueces de instancia de evitar dilaciones injustificadas y procurar que los procedimientos se diluciden con la celeridad exigida por nuestro ordenamiento jurídico procesal.

Opinión disidente
La Hon. Mildred Pabón Charneco emitió una opinión disidente, a la cual se unió el Hon. Edgardo Rivera García.

Manifestó que la Regla 37.7, luego de las enmiendas del año 2009, fue modificada para aclarar que cuando una parte o su abogado incumplan con los términos dispuestos en la Regla 37 sin justa causa, el Tribunal deberá imponer la sanción económica que estime correspondiente. Destacó que del texto de la anterior Regla 37.3 se suprimió como sanción la eliminación de alegaciones y la imposición del pago de costas y honorarios de abogado. Ello, para otorgarle un carácter más severo y obligatorio a la sanción económica. También, se eliminó la desestimación de la demanda como sanción por ser conflictiva con la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil de 2009.

La Hon. Mildred Pabón Charneco indicó que en determinados casos, como en este, privar a una parte de presentar prueba pericial es una sanción tan drástica como la eliminación de las alegaciones. La referida jueza esbozó que el Tribunal de Primera Instancia ignoró la normativa procesal imperante respecto a la sanción principal que acarrea el incumplimiento de órdenes relacionadas al manejo del caso, según establecida en la Regla 37.7 de Procedimiento Civil de 2009 y, al así hacerlo, abusó de su discreción.

Suplemento fáctico
PV Properties, Inc. (en adelante “PV”) suscribió un contrato de arrendamiento de un sistema de producción solar con la Central Produce El Jibarito (en adelante “El Jibarito”) el 29 de febrero de 2012. Pasado varios meses, El Jibarito transfirió sus activos a Agro Produce Puerto Rico, Inc. (en adelante “Agro”). Según las alegaciones de PV, la mencionada transferencia provocó la insolvencia de El Jibarito, el impago de $19,689.04 por cánones de arrendamiento y se produjo la desconexión de los paneles fotovoltaicos antes del tiempo estipulado. En vista de ello, PV presentó una demanda en cobro de dinero, incumplimiento contractual, acción rescisoria, fraude de acreedores e injunction en contra de El Jibarito y Agro Produce.

El descubrimiento de prueba inició el 17 de diciembre de 2013 con la presentación del informe para el manejo del caso. Posteriormente, el 6 de febrero de 2014, el Tribunal de Primera Instancia dispuso que el descubrimiento de prueba se extendería hasta el 30 de abril de 2014. Con el fin de auscultar si PV había consultado a un perito. Por su parte, PV contestó que hasta ese momento no había realizado consulta pericial alguna.

El 22 de septiembre de 2014, se celebró una conferencia con antelación al juicio. Sin embargo, dado a que las partes no confeccionaron el correspondiente informe preliminar entre abogados, el Tribunal dejó sin efecto la referida conferencia y la reseñaló para el 18 de diciembre de 2014. No obstante, la conferencia tuvo que ser pospuesta nuevamente por lo que, finalmente, fue reseñalada para el 17 de marzo de 2015. Por otra parte, el 11 de marzo de 2015 —seis (6) días antes de la celebración de la conferencia con antelación al juicio— PV informó que referiría cierta evidencia a un perito por lo que necesitaría más tiempo para prepararse y deponerlo. Ambas partes incumplieron nuevamente con la orden para presentar el informe de conferencia preliminar entre abogados.

Durante la celebración de la conferencia con antelación al juicio, el foro primario ordenó a ambas partes presentar el referido informe preliminar en un término de diez (10) días so pena de imponérsele una sanción económica de $100.00 a cada abogado. Además, el foro primario indicó que el descubrimiento de prueba concluiría el 30 de abril de 2015 y pautó para el 26 de mayo de 2015 la celebración de la continuación de la conferencia con antelación al juicio. Las partes presentaron el informe de conferencia preliminar entre abogados en el cual PV informó que estaba en proceso de contratar a un perito que sería notificado con suficiente antelación. Sin embargo, no fue hasta el 20 de mayo de 2015, fecha en la cual se enmendó el informe de conferencia preliminar entre abogados, que PV anunció como perito contratado al contador público autorizado, el Sr. Rafael Martínez Margarida. Agro Produce se opuso, pues consideró que el pleito se encontraba en una etapa avanzada.

El Tribunal de Primera Instancia permitió a PV a utilizar al referido perito testigo, no obstante, el 6 de octubre de 2015, PV informó al Tribunal de Primera Instancia que no tenía el informe pericial y que deseaba sustituir al Sr. Martínez Margarida como perito testigo. El juez rechazó en corte abierta tal solicitud y proveyó con lugar la petición del demandado para dar por concluido el descubrimiento de prueba.

Inconforme, PV acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. El Tribunal de Apelaciones ordenó que se permitiera la sustitución del perito. El Tribunal de Apelaciones fundamentó su decisión en un análisis de balance de intereses entre la importancia de garantizar la economía de los procesos y la oportunidad que deben tener todas las partes de llevar a cabo un descubrimiento y efectivo. Inconformes, los peticionarios acudieron al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

por el Lcdo. Joel Pizá Batiz

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