Ex agente de la Policía convicto por posesión de municiones y marihuana halladas en su propiedad

Descarga el caso: USA v. Padilla Galarza

El ex agente, que se representó a sí mismo en el juicio en su contra, fue hallado culpable luego que un jurado escuchara la prueba en su contra. En apelación, el convicto alega que la prueba en su contra no era suficiente, que el juicio no fue justo por falta de tiempo para prepararse, y que el fiscal se expresó indebidamente en sus argumentaciones.

José Padilla Galarza fue sentenciado a casi cuatro años de prisión y tres años de probatoria por posesión de municiones por una persona vedada y posesión de narcóticos con intención de distribuir.

Padilla Galarza se vio obligado a enfrentar la justicia, luego de que agentes federales diligenciaran una orden de allanamiento en una residencia de su propiedad. Según los agentes, en la propiedad encontraron 1,293.10 gramos de marihuana y municiones.

La propiedad es de Padilla Galarza y sus hermanos, por herencia de sus padres. Los hermanos del convicto viven en Estados Unidos. Padilla Galarza alega que tampoco vive en la propiedad, que solo mantiene algunos efectos personales allí, y que desconocía de la existencia de las municiones y narcóticos en ese lugar.

Según Padilla Galarza, las municiones podrían ser de su padre, y nunca se dispuso de ellas luego de éste haber fallecido.

Sin embargo, durante el juicio surgió que el convicto fue visto en la propiedad por agentes federales días antes del allanamiento. También surgió del récord que las armas que pertenecían al padre del convicto no eran del mismo calibre que las municiones encontradas, y que tampoco se hallaron armas.

Durante la etapa del juicio, Padilla Galarza solicitó la renuncia de los abogados que le había asignado el tribunal, que a su vez le asignó otro, que el acusado parecía preferir en aquel momento. Sin embargo, Padilla prefirió representarse a sí mismo y mantener su abogado como ayuda o guía. El tribunal celebró varias vistas para asegurarse de que la renuncia del acusado a su representación legal era con conocimiento de sus derechos y las consecuencias de dicha renuncia, y para pautar la fecha de la continuación del juicio.

En el juicio, fiscalía federal presentó su prueba, relacionada a lo hallado en la propiedad y a la conexión de la propiedad con el acusado. Luego del turno del fiscal, el abogado ayudante del acusado argumentó que el tribunal debía hallarlo absuelto porque fiscalía no había probado su caso. El tribunal denegó la moción.

Padilla Galarza no presentó prueba a su favor. Fiscalía y defensa presentaron sus argumentos. El jurado halló culpable a Padilla Galarza. Luego éste reiteró ante el tribunal su solicitud de absolución por ausencia de prueba, la cual fue denegada nuevamente.

En apelación, Padilla Galarza alega que se le violó su derecho a representación legal adecuada al no haber tenido suficiente tiempo para prepararse; que la prueba en su contra no era suficiente, y que el tribunal erró al no explicarle que aún defendiéndose a sí mismo podía testificar a su favor.

También sostuvo que el fiscal hizo inferencias impermisibles en su argumentación al señalar que el acusado como ex agente de la policía sabía qué eran municiones y marihuana, que las armas de su padre no eran del calibre de las municiones, que éstas armas no estaban en la propiedad, y que la propiedad era la residencia del acusado.

El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito confirmó la convicción.

Según razonó el Primer Circuito, al convicto se le ofreció el tiempo que su abogado ayudante estuvo dispuesto a tener para prepararse cuando era posible que sería el abogado del acusado. El tribunal sostuvo que él podía prepararse con el expediente de los abogados anteriores, y que el caso era sencillo.

En cuanto a la posibilidad de que el acusado testificase, de haber sabido que podía, el Primer Circuito señaló que le correspondía al propio acusado conocer ese aspecto de la litigación pro se, y en última instancia tenía un abogado ayudante para orientarle sobre cualquier asunto relacionado a su defensa.

Por último, el Primer Circuito indicó que los argumentos del fiscal no eran impropios y que en el récord constaba prueba de ello o prueba respecto de la cual se podría inferir lo que argumentó el fiscal. En última instancia, el Primer Circuito entiende que el jurado fue instruido sobre cómo las palabras del fiscal no constituyen prueba alguna contra el acusado, y que las mismas no causaron perjuicio indebido al acusado durante el juicio ante los ojos del jurado.

por el Lcdo. Cristian González 

 

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