Justicia firma orden administrativa para crear la Unidad de Control de Fraude al Medicaid

La Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que firmó la Orden Administrativa 2018-02 para crear la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (Medicaid Fraud Control Unit – MFCU) en el Departamento de Justicia.

De conformidad con el proyecto de ley radicado ante la Asamblea Legislativa por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares sobre las reclamaciones fraudulentas a los programas, contratos y servicios del Gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Justicia firmó la orden administrativa que crea el mecanismo para identificar, investigar y procesar el fraude y las reclamaciones falsas al Medicaid, promoviendo el recobro de los fondos.

“La erradicación del fraude constituye una prioridad en la agenda del presente Gobierno y del Departamento de Justicia, pues somos conscientes de las repercusiones del fraude en los servicios de salud y, sobre todo, en el Programa Medicaid. Ciertamente, reconocemos que la disponibilidad de fondos para tales servicios depende de la capacidad gubernamental para detectar y prevenir el fraude, y para facilitar el eventual procesamiento criminal y/o las acciones de recobro que correspondan”, lee la orden emitida por la Secretaria de Justicia.

“El 8 de febrero de 2018, se aprobó la ley federal conocida como Bipartisan Budget Act de 2018, la cual le otorga a Puerto Rico una asignación de $3,600,000,000 adicionales en fondos de Medicaid. Además, le otorgaría una asignación especial adicional de $1,200,000,000 si demostramos que hemos tomado los pasos adecuados y necesarios para la creación de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid en Puerto Rico”, continúa.

El Departamento de Justicia lleva más de un año trabajando en la implementación de esta unidad, bajo la dirección de la Jefa de Fiscales, Olga Castellón Miranda y la colaboración del director de la División de Crímenes Cibernéticos, fiscal Luis Freire, y la Fiscal Especial Daphne Cordero.

Ayer conforme a lo anteriormente presentado, se crea la Unidad cuyo propósito es operar un sistema de investigación y procesamiento de violaciones a las leyes estatales relativas al fraude en general y al fraude contra el programa Medicaid en Puerto Rico. La Unidad llevará a cabo investigaciones y promoverá las acciones criminales, civiles y administrativas que correspondan para el recobro y/o restitución de las pérdidas y daños ocasionados al Medicaid. También tendrá facultad para investigar querellas sobre alegaciones de maltrato o negligencia contra pacientes en facilidades que reciben fondos bajo dicho programa, así como para investigar querellas sobre alegaciones de apropiación ilegal de fondos o bienes privados de los pacientes internados en dichas facilidades o sus relacionadas.

La orden administrativa forma parte de un plan de trabajo que consiste en la legislación sometida por el Gobernador, la radicación de una propuesta al Departamento de Salud Federal para la obtención de fondos federales y la coordinación entre el Departamento de Salud, Administración de Seguros de Salud (ASES) y Justicia para la identificación de la conducta fraudulenta.

“Erradicar el fraude y atacar la conducta lesiva al buen manejo y uso de fondos asignados es una de las prioridades principales en la agenda del Gobernador y del Departamento de Justicia. Atender la fuga de fondos públicos asignados a nuestra Isla es sumamente importante para reestablecer la confianza del Gobierno de Estados Unidos en nuestros organismos gubernamentales. Además, se envía un mensaje contundente a los que defraudan y se lucran a costa de la necesidad ajena. Así cumplimos con la encomienda de establecer mecanismos que brinden transparencia y fiscalización adecuada a los fondos de Medicaid asignados a nuestra jurisdicción, mientras evidenciamos nuestro compromiso de cero impunidad en todas las esferas”, señaló Vázquez Garced.

“Con la creación de esta Unidad contra el fraude al Medicaid, el Departamento de Justicia se une a la práctica de otros estados de especializar la investigación y procesamiento criminal de individuos o corporaciones que apartándose de su deber de proveer un servicio de excelencia a nuestra población, optan por lucrarse ilegalmente de fondos públicos, mediante el fraude en la prestación de servicios médicos para los que fueron destinados. El Gobierno de Puerto Rico no solo tendrá el mecanismo legal para procesar estos asuntos eficientemente, sino que a la vez podrá ejercer acciones de recobro de los fondos obtenidos por estas personas ilegalmente”, expresó Castellón Miranda.

Esta orden administrativa entrará en vigor a los 30 días de su aprobación.

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