ACTUALIZACIÓN: Jueza Swain deniega pedido de la Comisión de Derechos Civiles Sostiene que el recurso presentado es prematuro
La presidenta de la Comisión de Derechos Civiles –CDC-, Georgina Candal Segurola, informó que el organismo gubernamental presentó ayer un recurso de amicus curiae en el caso PROMESA que tiene ante sí la Hon. Laura Taylor Swain.
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Según explicó la otrora Jueza Superior, la Comisión solicitó al Tribunal que en el proceso de reestructuración de la deuda del Gobierno de Puerto Rico establezca una estructura con un enfoque en los derechos humanos reconocidos internacionalmente, en la Constitución y en las leyes de Puerto Rico.
«El amicus curiae se presentó en cumplimiento con la función de la Comisión de Derechos Civiles de defender los derechos humanos en Puerto Rico. La Comisión sustenta la presentación del amicus curiae en el derecho a la participación en asuntos públicos y en los procesos decisionales, y en el derecho a la igual protección de las leyes, incluyendo el derecho a un remedio efectivo para proveer los derechos sociales, económicos y culturales de las personas», señaló la Presidenta de la CDC.
Candal Segurola indicó que ayer mismo el Tribunal emitió una orden disponiendo que el ‘amicus curiae’ era prematuro debido a que todavía no se ha propuesto un plan de reestructuración de parte de la Junta de Supervisión Fiscal. Además, estableció que la solicitud podrá ser presentada nuevamente, lo que la Comisión de Derechos Civiles se propone hacer.
“En cumplimiento con nuestro deber ministerial, la Comisión seguirá promoviendo e insistiendo en todos los mecanismos apropiados, incluyendo comparecencias al Tribunal Federal en defensa de los derechos humanos”, adelantó en declaraciones escritas.
La Comisión de Derechos Civiles ha estado trabajando con los efectos sobre los derechos humanos de la deuda pública y las consecuencias de PROMESA. En junio de 2016 la Comisión presentó una ponencia ante el Comité de los 24 de las Naciones Unidas, planteando el rechazo a la ley PROMESA y a las medidas de austeridad que impactan a los grupos más vulnerables.
El 3 de marzo del 2017 la Comisión de Derechos Civiles presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que detalló el efecto sobre los derechos humanos de las exigencias de la Junta de Supervisión Fiscal de reducir los programas de salud, establecer un recorte de la aportación a la Universidad de Puerto Rico, requerir la imposición de impuestos por mil quinientos millones de dólares y la reducción de las pensiones de las personas jubiladas. Asimismo, el 24 de marzo del pasado año celebró la primera audiencia con organizaciones de base comunitaria para identificar el impacto de la legislación y el efecto de la crisis fiscal sobre las organizaciones y las personas.
“El 4 de abril celebramos la segunda reunión con las organizaciones y se llevó a cabo una Proclama en la cual se planteó al gobierno la necesidad de proteger los Derechos Humanos de las personas al llevar a cabo las medidas de austeridad”, añadió.
Argumentó que el amicus curiae presentado fundamenta el requerimiento del cumplimiento con los derechos humanos, en tratados internacionales y documentos producidos por diversas entidades de la Organización de las Naciones Unidas y en las guías que el experto del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los efectos de las deudas y otras obligaciones financieras de los países, Juan Pablo Boholavsky.
Boholavsky propuso, en el 2014, unas guías que establecen los principios para llevar a cabo la reestructuración de la deuda: primero: la reestructuración de la deuda debe ser compatible con las obligaciones de garantizar los derechos humanos de los estados, segundo: la evaluación de los riesgos y el análisis de la deuda, previo a la reestructuración, debe incluir la valoración del impacto sobre los derechos humanos, tercero: la reestructuración de la deuda debe abordar adecuadamente el impacto negativo sobre los derechos humanos ocasionados por las reducciones, cuarto: la reestructuración de la deuda tiene que asegurar un nivel esencial de los derechos económicos sociales y culturales y no imponer medidas regresivas, quinto: la organización para llevar a cabo la restructuración de la deuda debe reflejar los derechos humanos de imparcialidad, transparencia, participación y rendición de cuentas, sexto: los mecanismos internacionales y regionales de protección de los Derechos Humanos, así como que las instituciones y organizaciones de la sociedad civil deben cumplir un papel en el proceso decisional de la reestructuración de la deuda.
“Boholovsky señala que no se deben minar los derechos económicos, sociales y culturales al establecer una prioridad absoluta a los derechos de los acreedores imponiendo una austeridad excesiva. La Comisión reclama la protección de los derechos humanos de las personas en Puerto Rico asegurando los servicios esenciales que incluye el derecho a; la educación, el trabajo, la salud, la vivienda y a la seguridad social, incluyendo las pensiones de los jubilados. Los servicios esenciales que deben protegerse tienen que cumplir con los indicadores de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad que señala las Naciones Unidas”, concluyó Candal Segurola.