El representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara de Representantes, Denis Márquez Lebrón, radicó el Proyecto de la Cámara 2018 que busca crear la Ley del Derecho a la Desconexión Digital. El mismo, busca amparar al empleado de responder a comunicaciones laborales en su tiempo libre, reconociendo el derecho del empleado al cese de comunicaciones electrónicas relacionadas con el empleo fuera de horas laborales.
La medida fue radicada el día 19 de marzo de 2019 y referida a la Comisión de Asuntos Laborales, presidida por el representante Ángel Peña. Dicho proyecto define como comunicación electrónica a cualquier correo electrónico, mensaje de texto u otros medios digitales de enviar datos.
Esta medida sin embargo establece unas excepciones, como cuando la comunicación se da por motivos de alguna emergencia o el empleo requiere de estar en constante comunicación. La misma no incluye a contratistas independientes, ni a los que sus términos de empleo le requieren estar disponibles 24 horas, en los días que trabajen, más sí aplicará en sus días libres.
Aunque la pieza legislativa provee una definición de qué es una emergencia, serían los ponentes los que finalmente aclararían el concepto. En la misma quedarían cobijados los empleados exentos (ejecutivos, administrativos y profesionales).
El proyecto provee para que el empleado que alegue una violación de derechos presente querellas en el Departamento del Trabajo y pueda ser compensando monetariamente, así como también contiene una imposición de penalidades y multas al patrono.
El representante Márquez Lebrón, quien litigó durante más de 20 años en el área laboral, expresó que países como Francia y España ya han aprobado leyes a esos fines. El proyecto hace notar que aunque en Estados Unidos no se ha reconocido este derecho a nivel federal ni a nivel estatal, recientemente se presentó un proyecto de ley local en el Concejo de la Ciudad de Nueva York, lo cual ha comenzado a generar debate sobre la importancia de este derecho.
Al momento el proyecto aún no ha contado con vistas públicas, y se encuentra a la espera de las ponencias solicitadas a los departamentos de Justicia, del Trabajo y a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH).
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